Una Corte Federal de apelaciones dividida ha levantado varios mandatos judiciales que impiden que la administración Trump implemente una regla dirigida a limitar los beneficios de inmigración para las personas que participan en programas gubernamentales tales como cupones de alimentos o Medicaid, informó POLÍTICO.com.
El Político
En una orden difundida este jueves, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito votó, 2-1, para suspender las órdenes judiciales preliminares emitidas por jueces federales en Oakland, California, y Spokane, Washington, en contra de la nueva política de «carga pública» emitida justo antes de que entrara en vigor en octubre.
Sin embargo, la política permanece en espera porque los jueces de Maryland y la ciudad de Nueva York también bloquearon las nuevas reglas a nivel nacional y sus decisiones no se ven afectadas por el fallo del 9º Circuito, que tiene jurisdicción sobre nueve estados del oeste. El Departamento de Justicia también está apelando las otras medidas cautelares.
La mayoría del panel del 9º Circuito dijo que la administración de Trump probablemente prevalecería en sus argumentos de que tenía autoridad legal para emitir regulaciones para ampliar la definición de lo que constituía a alguien que probablemente se convertiría en dependiente de la asistencia pública.
«Encontramos que la historia del uso de la ‘carga pública’ en la ley federal de inmigración demuestra que la ‘carga pública’ no tiene un significado fijo e inequívoco», escribió el juez Jay Bybee, junto con la jueza Sandra Ikuta. «Más bien, la frase está sujeta a múltiples interpretaciones, de hecho ha sido interpretada de manera diferente, y el Poder Ejecutivo ha tenido la discreción de interpretarla.»
«Ya sea que el cambio de política se deba a circunstancias cambiantes o a un cambio en las administraciones, la sabiduría de la política no es una cuestión que podamos revisar», agregó Bybee, quien, al igual que Ikuta, fue nombrado por el presidente George W. Bush.
El tercer juez en el panel, John Owens, discrepó diciendo que habría negado la suspensión y habría permitido que los mandamientos judiciales se mantuvieran en vigor a la espera de una revisión más profunda por parte de la corte de apelaciones. La persona nombrada por Barack Obama señaló que el gobierno soporta una «pesada carga» al solicitar la suspensión de una decisión de un tribunal de primera instancia.
Fuente: POLÍTICO.com
