La oposición venezolana rearmará este martes su estrategia frente a la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, que desvanece su objetivo de lograr elecciones generales y agudiza aún más el conflicto político que sacude al país.
A primera hora del martes, los opositores trancarán importantes vías del país, y luego prepararán una «mega» protesta para el miércoles contra lo que calificaron como un «golpe de Estado» y un «fraude constitucional».
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El Parlamento, único poder que controla la oposición, discutirá en la tarde los alcances de la decisión de Maduro y anunciará acciones que buscan aumentar la presión internacional contra el gobierno.
«Tenemos que seguir adelante. Este pueblo no se rinde ni se va a rendir», aseguró el presidente del parlamento Julio Borges.
Acosado tras un mes de marchas opositoras que exigían su salida del poder a través de elecciones generales, Maduro dio el lunes un giro a la crisis al convocar a una Constituyente «popular», cuyos 500 asambleístas no serán elegidos por voto universal, sino por sectores sociales y por comunidades.
«Es un verdadero desencadenante histórico para profundizar la revolución» y detener la «arremetida golpista» de la oposición, sentenció el presidente socialista, al firmar el decreto que activa el proceso la noche lunes junto a sus ministros y la cúpula militar.
Elecciones sí, pero no generales
Maduro aseguró que busca «reforzar» la Constitución de 1999 para establecer «nuevas formas de democracia participativa» y un modelo económico que no dependa de la renta petrolera.
«Es una medida desesperada de un gobierno que sabe que no puede llamar a elecciones porque va a perder y recurre a la polarización», declaró a AFP el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit Country Risk de Londres, al recordar que más de 70% de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro, según encuestas privadas.
Aún no está claro qué pasará con el calendario de elecciones. Según la Constitución, las de gobernadores debieron hacerse en 2016 -pero aún están pendientes-, las de alcaldes corresponden a este año, y las presidenciales a finales de 2018.
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Para el analista socialista Nicmer Evans se trata de una «traición» a la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), que fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto. «Gana tiempo a costa de todo», aseguró.
Maduro debe enviar al poder electoral las bases con las que serán escogidos los asambleístas, pero adelantó que tendrán fuerte presencia estructuras comunales donde el gobierno tiene enorme influencia.
«No será una Constituyente de partidos políticos ni de élites, sino una Constituyente obrera, comunal, campesina», explicó.
Según la ley, ninguno de los poderes del Estado podrá impedir las decisiones de la «Asamblea Constituyente popular» una vez instalada.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, el gobierno se «garantizará el control» sobre la «Asamblea popular» y además consolidaría la «usurpación de funciones» del Parlamento.
Escala la crisis
La oposición protesta en las calles desde el 1º de abril luego de que el máximo tribunal de justicia se adjudicara temporalmente las funciones del Parlamento.
Desde entonces, 28 personas han muerto en violentos incidentes de los que se responsabilizan mutuamente gobierno y oposición.
«En política es difícil proyectar, pero la Constituyente sin elección democrática une a la oposición, aisla más al gobierno y refuerza la lucha de calle. La convocatoria (de Maduro) solo agudiza la crisis», opinó el analista Luis Vicente León.
Maduro, cuya gestión concluye en 2019, justificó su decisión señalando que la oposición rechazó el diálogo y los comicios de gobernadores por buscar en 2016 un referendo revocatorio de su mandato, que finalmente fracasó. «La oposición trancó el juego», manifestó.
Pero las manifestaciones ocurren en medio de una aguda crisis económica, con una severa escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, además de altos niveles de criminalidad.
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«Esto escala la crisis a niveles sin precedentes, crispa los ánimos y abre las puertas para que si la protesta se desborda puede llevar a que la Fuerza Armada -poderoso aliado de Maduro- se pronuncie para exigir respeto a la Constitución o tomar el poder para tutelar una transición», opinó Moya-Ocampos.
Otro actor clave, según los analistas, será la comunidad internacional.
La Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) abordará la crisis en una reunión en El Salvador, luego de que Venezuela inició su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), al acusarla de promover una invasión extranjera contra el país sudamericano.
AFP
