El Congreso salvadoreño aprobó hoy el Presupuesto General de 2017 por más de 4.957 millones de dólares, enfocado en el gasto social, la seguridad y el pago de la deuda pública, pero con el rechazo de la oposición, que advierte de una crisis financiera.
Según los opositores, el presupuesto, que no incluye fondos para el pago de algunas pensiones, empeorará la situación económica y conducirá a una situación similar a la del año pasado, cuando el país estuvo al borde del default de la deuda soberana.
El documento tuvo el visto bueno de 48 de 84 diputados y contó con la venia del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y otros 3 partidos minoritarios, tras semanas de duras negociaciones.
El proyecto, que originalmente debía ser aprobado el 20 de diciembre de 2016, destina más de 2.110 millones de dólares para el «desarrollo social» y otros 943,9 millones para la «administración de justicia y seguridad ciudadana», el 42,57 % y 19 %, respectivamente.
Las otras áreas a las que más dinero destinó el Congreso son el pago de deuda pública, con más de 914 millones de dólares (18,45 %), y la «conducción administrativa» del Estado con 463,6 millones de dólares (9,35 %).
El documento contempla una tasa de crecimiento del 2,3 % del producto interior bruto y un 3,3 % de déficit fiscal, del cual el 2,2 % corresponde a deuda de pensiones.
La aprobación se da solo ocho días después de que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), principal partido de oposición, puso en pausa las negociaciones con el Gobierno en temas económicos.
Esas conversaciones fueron una de las condiciones que Arena puso al Ejecutivo para aprobar una emisión de bonos de 550 millones de dólares, de 1.200 que necesitaba el Gobierno, para el pago de proveedores y de una parte de la deuda de Letras del Tesoro (Letes).
Para autorizar los restantes 650 millones, Arena exigió solicitar un acuerdo precautorio al Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluir en el presupuesto el pago a las pensiones de los militares, un aumento del 8 % a los salarios de los trabajadores de la sanidad pública y las indemnizaciones a exguerrilleros y veteranos.
El presupuesto «está desfinanciado e incompleto» y habríamos votado por él «si no violara la Constitución y respetara el Estado de derecho», dijo la diputada de Arena Milena Calderón en la sesión plenaria.
La legisladora aseguró que los vacíos del presupuesto llevarán nuevamente al país a una crisis financiera similar a la del 2016, cuando el Gobierno se quedó sin dinero para el pago de sus obligaciones y casi cae en el «default» de la deuda a corto plazo y de las pensiones.
«No vengan mañana a hacer presión para que les aprobemos más préstamos», dijo la diputada de Arena, que en sus redes sociales aseguró que podría acudir a la Corte Suprema por el «atropellamiento» con el que se dio la aprobación.
En el caso del pago de las pensiones de los jubilados de un sistema abandonado en 1998 y de los militares, el Congreso solo creó dos «partidas presupuestarias» con 1.000 dólares cada una y delegó al Ministerio de Hacienda buscar los «recursos financieros para su refuerzo».
Por otra parte, el incremento al salario de los empleados del Ministerio de Salud, conocido como escalafón y cuya posible exclusión del presupuesto generó paros de labores y manifestaciones, fue cubierto para el 93 % de los empleados con 10,2 millones de dólares.
Con la aprobación del presupuesto sin los votos de Arena, el Gobierno se arriesga a que dicho instituto político le niegue los votos para la emisión de bonos o contratación de préstamos internacionales que requieren de 56 votos, y de los que el FMLN solo posee 31.
Con información de: EFE
