La jueza Karen Matamoros declaró culpables de calumnia a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción en menos de diez minutos dio con este veredicto, situación que ha sido criticada.
Nueve integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción fueron llevados a juicio por el delito de calumnia contra el contralor general del Estado, Carlos Pólit. El funcionario presentó la demanda en diciembre de 2016 y recibieron el veredicto llenos de indignación el día de hoy.
Lea también: Revisaron ley sobre paraísos fiscales en la AN ecuatoriana
Se trata de una contrademanda, el primer golpe lo dio la Comisión en febrero de 2016 cuando denunció a varios funcionarios, entre ellos a Pólit, por el presunto sobreprecio en la compra del terreno para la Refinería del Pacífico.
Jorge Rodríguez de la @CNACEcuador mostró la indignación de los comisionados por la resolución de la jueza Karen Matamoros. pic.twitter.com/r675tiB3ge
— Marieta Campaña V. (@Marietareina) April 20, 2017
Durante la audiencia, que se llevó a cabo desde la mañana de este 19 de abril de 2017 en el Complejo Judicial Norte, Hernán Ulloa, abogado de Pólit, pidió $ 900 mil ($ 100 mil por cada integrante) como indemnización por calumnia a su defendido, además de la pena privativa de libertad, que puede ir de 6 meses a 2 años.
Este jueves Ulloa indicó que renuncia a la acción penal “para contribuir a la paz”. El abogado de la Comisión Anticorrupción reclamó por la actitud del defensor del contralor Pólit, dice que es una falta de respeto a la jueza y a las partes.
Lea también: Director de encuestadora no asistió a cita de la Fiscalía de Ecuador
Minutos más tarde de la sentencia dictada por la jueza Matamoros, la defensa de Pólit anunció que desistía de la querella legal. Fue así que la Juez declaró extinta la acción penal contra los miembros de la Comisión.
“Esperaron que la Jueza dicte la decisión final para presentar el desestimiento, lo pudieron hacer en cualquier momento, los propios funcionarios de gobierno ven a la administración de justicia como un juego”, indicó Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de abogados de Pichincha y uno de los defensores de la Comisión.
