El fallo de la Corte Suprema de El Salvador contra una ley de Amnistía de 1993 rompe los obstáculos para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil, y abre camino hacia la verdad y la justicia, dijo este lunes la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó el fallo «histórico» como un «hito en el camino de El Salvador hacia la verdad, la justicia y la reparación» en el pequeño país centroamericano.
Según la Comisión, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, el máximo tribunal salvadoreño eliminó «los obstáculos que la normativa representaba para la investigación de los graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones, y la determinación de reparaciones justas».
La CIDH, con sede en Washington, también espera que las investigaciones de los crímenes cometidos durante el conflicto (1980-1992) den resultados concretos, que puedan prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.
El caso es una victoria para la Comisión, que desde los años noventa había pedido la eliminación de la ley, señalando que era contraria a las obligaciones internacionales de El Salvador y llamando a dar a las víctimas protección judicial.
La ley de Amnistía se había aplicado en varios casos como el asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero y la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, recordó la CIDH, con sede en Washington.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró el 13 de julio que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es inconstitucional por ser «contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales».
La decisión fue aplaudida por organizaciones de derechos humanos, pero criticada por el gobierno que, en declaraciones del ministro de Defensa, la calificó como un «error político» pues «creará un «clima de inestabilidad».
La guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dejó en doce años una estela de 75.000 muertos, unos 7.000 desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía del país.
La información de La Hora
