Un estudio de la American Principles Project (APP) reveló que el 70% de las sanciones económicas impuestas por el Departamento de Educación de Biden se dirigieron a instituciones educativas católicas o de formación, a pesar de que estas representan menos del 10% del alumnado en el país.
Mientras que 12 universidades enfrentaron sanciones económicas «desproporcionadas» o se les prohibió recibir ayudas federales, ninguna institución de la Ivy League fue sancionada.
El Gobierno se enfocó particularmente en «dos de las universidades cristianas más prominentes del país: Grand Canyon University y Liberty University«, las cuales recibieron «multas récord que superan el total de todas las sanciones impuestas en los últimos siete años».
«Desde su llegada al poder, la Administración ha llevado a cabo un asalto sin precedentes contra colegios, universidades y estudiantes cristianos, mientras protege sistemáticamente a las instituciones públicas y privadas ‘de élite’, impone ideologías progresistas a estudiantes reacios y permite protestas antisemitas y violentas en los campus de todo el país», denunciaron.
Como parte de esta ‘guerra’, el Gobierno habría utilizado la Oficina de Cumplimiento del Departamento de Educación, una entidad poco conocida dentro de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA), creada con la intención implícita de cerrar escuelas y programas que no se alineen con la agenda radical de la Administración.
Aunque desde la organización ven en el presidente electo Donald Trump una esperanza de cambio, piden al Congreso que escuche a expertos y víctimas, y que organice audiencias para supervisar y llamar a funcionarios a rendir cuentas.
«Durante los últimos cuatro años, los demócratas han estado ocupados armando cada parte del Gobierno federal para atacar a sus oponentes», afirmó Jon Schweppe, director de Política de APP.
«La injusta persecución de estas instituciones ha sido atroz y debe cesar inmediatamente».
