La contienda electoral en Perú suma un nuevo episodio de tensión luego de que el partido Juntos por el Perú (JP), que impulsa la candidatura del izquierdista Roberto Sánchez, notificara que va a solicitar formalmente la anulación de todos los votos emitidos en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial.
Redacción El Político
La solicitud fue presentada mediante una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Dicho recurso fue interpuesto por el abogado Walter Ayala, vocero legal del partido, quien argumenta que el proceso electoral realizado fuera del país debe ser anulado en su totalidad.
El pedido no se limita a observaciones puntuales, sino que busca invalidar cada etapa del sufragio en el extranjero: desde la instalación de mesas de votación, el proceso de sufragio, el conteo de votos y el envío de resultados a Lima.
Según el documento presentado, el partido cree que hubo cambios en el procedimiento electoral que habrían afectado la transparencia del proceso.
Se interpone amparo.@ONPE_oficial y @JNE_Peru vulneraron la intangibilidad normativa. A ocho días de la segunda vuelta, cambiaron las reglas del juego. Se eliminó la digitalización de actas en el exterior. Sin motivación. Sin ley. Es nulo elecciones en el extranjero. pic.twitter.com/5SqZEuKrSp
— Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) June 16, 2026
Cuestionamientos al traslado de actas
La coalición se centró en una resolución emitida en mayo, que modificó la forma en que se procesan las actas electorales provenientes del exterior.
De acuerdo con la denuncia, antes de este cambio las actas eran digitalizadas en los consulados peruanos. Sin embargo, tras la nueva disposición, el material electoral comenzó a ser enviado físicamente a Lima mediante valijas diplomáticas.
Para Juntos por el Perú, esta modificación habría vulnerado principios fundamentales del proceso electoral, como la seguridad jurídica, la transparencia y la cadena de custodia del material electoral.
El recurso también refiere que estos cambios incidieron en el principio de “intangibilidad electoral” y afectaron el debido proceso.
La controversia surge en un escenario ajustado. Con el 99.05 % de las actas contabilizadas, los resultados preliminares muestran una diferencia estrecha entre los candidatos principales.
Según los datos oficiales más recientes, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja cercana a los 33,000 votos sobre Roberto Sánchez. Sin embargo, una parte importante de esa diferencia proviene del voto en el extranjero, donde Fujimori habría obtenido una ventaja cercana a los 90,000 sufragios.
Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 rechaza pedidos de nulidad planteados por Juntos por el Perú:
♦️Tribunal declaró improcedentes los recursos para anular mesas de sufragio en diversas ciudades de Argentina y los Estados Unidos
♦️Solicitud se hizo fuera de la fecha límite pic.twitter.com/BnysoxvWzO— 😷 Política Total (@POLITICATOTALpe) June 16, 2026
Respuesta de autoridades y defensa del proceso
Frente a las críticas, la Cancillería peruana ha defendido el procedimiento utilizado para el traslado y conteo de los votos emitidos fuera del país.
Según la institución, el envío de actas desde las oficinas consulares se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con una cadena de custodia considerada “rigurosa”.
Las autoridades electorales también indicaron que el proceso se llevó a cabo conforme a la normativa vigente. A su vez, expusieron que existe garantía de la integridad del material electoral desde su origen hasta su procesamiento en Lima.
Pero, esta demanda se suma a una serie de reclamos presentados anteriormente por Juntos por el Perú. Hasta ahora, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los ha rechazado todos.
El JNE también desestimó pedidos de nulidad relacionados con mesas de votación en países como Argentina y Estados Unidos.
No obstante, Roberto Sánchez ha cuestionado esas decisiones. El candidato dijo que algunos retrasos en la llegada de actas desde el extranjero ocasionaron dificultades para presentar los recursos dentro del tiempo permitido.
Según su posición, esto habría limitado el derecho a la defensa en el proceso electoral.
Mientras el conteo avanza y las instituciones revisan los últimos recursos presentados, el proceso electoral sigue bajo alta tensión política.
