Argentina formalizó su retiro de la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción se dio luego de la salida del gobierno de Fernández del bloque el pasado mes de marzo.
El Político
En una carta enviada por la embajada de Argentina en Holanda al organismo con sede en La Haya; el país suramericano también se desmarca de toda representación realizada a propósito de esa demanda.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, dice la carta enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y reseñada por el portal Infobae.
Demanda contra Maduro
Se trata de la primera demanda de un grupo de Estados hacia un tercero ante ese tribunal; cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Retiro de Argentina
En la carta, Argentina subrayó que su retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.
La carta fue enviada el 24 de marzo, el mismo día que el gobierno peronista de Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima; foro regional alineado con Estados Unidos que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro en Venezuela.
En ese momento, el gobierno de Fernández argumentó su salida del bloque en “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima” que había llevado a “posiciones» que su administración no puede acompañar.
En el comunicado, el gobierno argentino también denunció que las acciones del foro, liderado en las formas por Brasil y Colombia, no habían “conducido a nada”. Dijo además que la solución a la crisis venezolana pasa por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular”; y que permita la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.
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