La canciller argentina, Susana Malcorra, y la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Silvia Fernández de Gurmendi, suscribieron en Buenos Aires un acuerdo de cooperación por el que el país suramericano permite al organismo la ejecución de sus sentencias.
«Momentos en los cuales la Justicia y ciertos principios se ponen en tela de juicio en algunos lugares, la Argentina una vez más muestra su total compromiso, vamos a seguir profundizando este compromiso y vamos a seguir trabajando en conjunto con la CPI», expresó Malcorra en el acto, según relata una nota de prensa divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La CPI requiere de la firma de este tipo de acuerdos con los Estados Partes firmantes del Estatuto de Roma de 1998, que supuso la creación del tribunal.
No obstante, esta rúbrica con Argentina es uno de los primeras de esta naturaleza celebradas entre uno de esos países y la Corte Penal Internacional.
«Este acuerdo es un paso más que reafirma el compromiso que ha tenido la Argentina desde sus comienzos con la Corte Penal Internacional desde su puesta en marcha hasta ahora», agregó por su parte Fernández de Gurmendi, también argentina.
Presidenta suiza dice que Argentina se encuentra “en la dirección correcta”
«En 1998 nos preguntábamos si la Corte era posible. Y 20 años después nos preguntamos si la Corte es sustentable. Creo que sí, creo que la Corte en estos últimos 15 años de operaciones ha demostrado que puede cumplir con su mandato. La protección de testigos es esencial y hoy este acuerdo de ejecución de penas es otro paso muy importante», añadió.
La CPI es un tribunal permanente con competencia para juzgar sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Además, en la Conferencia de Revisión del Estatuto, celebrada en Kampala en 2010, se incorporó también el crimen de agresión, respecto del cual aún no está activada la jurisdicción de la Corte.
Fuente: EFE
