Pese a haber encabezado un esfuerzo secesionista absolutamente inconstitucional, Carles Puigdemont podría terminar exonerado.
El Político
El dirigente, quien llegó a ser jefe de Gobierno de Cataluña, reside en Bruselas desde que la justicia española le acusó por sedición.
Hasta esa ciudad, capital de Bélgica y sede de la Unión Europea (UE), ha viajado una comisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La delegación, enviada a la capital belga por Pedro Sánchez, busca alcanzar un acuerdo con el ex gobernante catalán.
Para Sánchez, secretario general del PSOE y presidente en funciones del Gobierno español, resulta necesario que Puigdemont le dé el “sí”.
El político gerundense es el máximo representante de Junts, un partido independentista, cuyo apoyo será vital para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder.
Tras el fracaso del Partido Popular (PP) a la hora de formar gobierno, Sánchez y sus socialistas pretenden hacer lo propio.
Dado que no cuentan con mayoría absoluta, necesarios son los apoyos de otras organizaciones.
Entre los posibles aliados están los izquierdistas de Sumar, los partidos nacionalistas como el PNV y los movimientos separatistas como ERC y Junts.
Esta última organización ha sabido, sin embargo, ponerle precio a su voto favorable.
Desde la tolda catalana parecen dispuestos a respaldar a Sánchez, si éste otorga amnistía a Carles Puigdemont.
La medida dejaría sin efecto los delitos del ex presidente de la Generalitat, permitiéndole, por consiguiente, retornar a suelo español.
El texto de ese eventual perdón es lo que se ha estado discutiendo en las conversaciones que se mantienen en la capital belga.
Hacia el cierre de la jornada de este jueves ni socialistas ni separatistas habían logrado un consenso.
El principal escollo parece radicar en quiénes deben ser o no amnistiados.
Un sector de Junts cree que el perdón se le debe conceder únicamente a los dirigentes que participaron en el referendo independentista de 2017.
Otro segmento considera, empero, que la amnistía debe otorgársele a todo aquel que forme parte de Junts y que haya recibido sentencia tras una causa judicial.
Mientras los catalanes dirimen sus diferencias y definen el alcance de la medida, en el Partido Socialista confían en un pronto acuerdo.
