El alcalde de la ciudad brasileña de Osasco, Rogerio Lins, asumió hoy el mandato para el que fue elegido en octubre pasado, tan sólo dos días después de haber salido de la cárcel gracias a que un juez le concedió libertad condicional mientras responde a un proceso por corrupción.
Los alcaldes de los 5.568 municipios brasileños elegidos en octubre inician este domingo sus mandatos de cuatro años.
Lins tomó posesión en una ceremonia realizada en la mañana de este domingo en el Concejo Municipal de Osasco, uno de los municipios de la región metropolitana de Sao Paulo, junto con varios concejales reelegidos en octubre y contra los que también fueron presentados cargos por corrupción.
El político del Partido Laborista Nacional (PTN) pasó cinco días recluido en la Penitenciaria de Tremendé y fue liberado el viernes gracias a una medida que lo benefició con la libertad condicional y tras pagar una fianza de 300.000 reales (unos 90.909 dólares).
Lins, hasta ayer concejal de Osasco, es uno de los legisladores municipales que la Fiscalía acusa de haber montado una red de corrupción por la que recibían los salarios de «funcionarios fantasmas» y retenían parte de los sueldos de los empleados públicos que realmente ejercían sus funciones.
El juez responsable por el caso ordenó el pasado 6 de diciembre la detención de 15 concejales de Osasco por el escándalo, pero el nuevo alcalde tan sólo fue arrestado el 25 de diciembre, cuando regresó a Brasil tras un viaje de vacaciones a Miami.
LEA TAMBIÉN: Brasil: Río de Janeiro registró temperatura más alta en el último día del año
El caso de Osasco es un grano de arena en un país en que la lucha contra la corrupción provocó un terremoto político en 2016, con denuncias que salpicaron hasta al presidente brasileño, Michel Temer, y que promete una réplica mayor en 2017, cuando se conocerán las denuncias de decenas de implicados que aceptaron colaborar con la Justicia.
De acuerdo con diferentes analistas, unos 200 políticos da alto nivel, incluyendo ministros, congresistas y gobernadores, fueron salpicados por las denuncias hechas por 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht que, a cambio de reducciones en sus futuras condenas, aceptaron colaborar con la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
Los desvíos en la petrolera, destapados hace dos años con la ayuda hasta ahora de 70 delaciones premiadas, han generado 23 diferentes procesos penales y mandado a prisión, ya condenados, a 83 personas, entre ejecutivos de importantes empresas, ex altos cargos de la estatal y unos pocos políticos, incluyendo el hasta hace poco presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
De los escándalos por corrupción no se salvó ni el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tal vez el político más popular en la historia de Brasil y que el año pasado se convirtió en procesado en cinco juicios, tres de ellos vinculados al caso de Petrobras.
El juicio político que concluyó en agosto de 2016 con la destitución de Rousseff, la ahijada política de Lula, fue apoyado en las calles por millones de brasileños hastiados con la corrupción que quieren «que se vayan todos».
Con información de: EFE
