La situación de Nicaragua ha sido catalogada como la «peor crisis política de las últimas cuatro décadas» y aún no se ve una luz al final del túnel.
Por Redacción El Político
Las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril de 2018 y a la fecha han dejado un saldo de más de 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y unos 60.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como se recordará, el pasado 18 de abril de 2018, unas 60 personas que protestaban contra una polémica reforma al Seguro Social fueron atacadas por activistas del gobierno en Managua. Lo mismo ocurrió en León (occidente) y Matagalpa (norte). Al día siguiente, los cuerpos policiales neutralizaron a balazos varias protestas universitarias, con un saldo de tres jóvenes muertos y 37 heridos.
Asimismo, el 22 y 24 abril decenas de opositores marcharon pacíficamente en Managua para exigir la salida de Ortega. Los obispos de la Conferencia Episcopal se ofrecieron como “mediadores y testigos” en un diálogo nacional.
El 16 mayo fue instalado el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica, cuyos delegados exhortaron a Ortega a “cesar la represión” y dejar el poder. El Gobierno denunció un “intento de golpe de Estado” financiado desde el exterior.
Pero la represión no cesó ahí. El 30 mayo, policías y paramilitares dispararon contra una marcha de cientos de miles de personas en Managua. Lo mismo ocurrió en otras ciudades. El saldo: 16 muertos y decenas de heridos. Ortega anuncia que no dejará el poder.
Y así continuaron las protestas y la actitud hostil del régimen de Ortega. Por ello, el 11 diciembre, el Congreso de Estados Unidos decidió aprobar la ley Magnitsky Nica Act, que establece sanciones para funcionarios y familiares de Ortega implicados en corrupción y violación de derechos humanos, y obliga a la Casa Blanca a vetar préstamos multilaterales a Managua.
El 19 diciembre, el gobierno expulsó a la misión de seguimiento de la CIDH en Nicaragua y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). La secretaría general de la OEA alzó su voz enérgicamente.
El 1 marzo entró en funcionamiento una reforma tributaria aprobada en el Parlamento de mayoría oficialista, tras una impopular reforma al Seguro Social que fue aprobada en febrero. La empresa privada adviertió que ambas medidas harían colapsar a la economía, que ha acumulado pérdidas de más de 1.600 millones de dólares y una caída de -3,8 por ciento.
Finalmente, el 3 abril finalizó la negociación gobierno-oposición sin llegar a acuerdos en los temas electoral y de justicia. Solo se acordó la liberación de presos (770 según la Alianza Cívica) supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y a un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, aún sigue prohibido el derecho a las manifestaciones políticas por parte de la oposición
