“Frente al derecho que se ha instaurado en Venezuela por unos magistrados ilegítimos y usurpadores, nos declaramos en rebeldía para defender la Constitución y no el Plan de la Patria por el que se ha regido la Sala Constitucional para conducir al gobierno por el canal rápido del régimen tiránico y autoritario”, afirmó el ex magistrado Román Duque Corredor.
Duque Corredor y juristas del Bloque Democrático junto con 20 colegios de abogados del país y las ONG Foro Penal Venezolano Fundeci, el Frente Amplio Social y Anzoátegui Plural constituyeron una plataforma para la defensa de la Constitución. El pasado sábado, en una reunión en el Colegio de Abogados de Caracas, se declararon en rebeldía e iniciarán una jornada de protestas en todo el país ante la aprobación del presupuesto de 2017 por el presidente Nicolás Maduro y su consignación ante el Tribunal Supremo de Justicia el viernes.
“Los dineros públicos son del pueblo venezolano, el presidente de la República no es sino el administrador. Quien organiza el gasto público y asigna la suma es el pueblo a través de sus representantes en la Asamblea Nacional, a través de sus electores. Aquí lo que está en juego es la estructura de un Estado democrático”, subrayó el ex magistrado.
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Refirió que la carta magna establece que el presidente es tan responsable de sus actos como cualquier funcionario. “Las reglas existen y quien haya violado las leyes y la Constitución, del presidente para abajo, será responsable porque la justicia tarda, pero llegal”, afirmó.
El abogado calificó de acto criminal que el jefe del Estado condicione a los gobernadores y alcaldes al exigirles sumisión a la sentencia que la Sala Constitucional emitió, el martes en la noche, sobre el presupuesto: “Un presidente que amenace a gobernadores y alcaldes no merece ser presidente. Eso es una vulgar extorsión y un chantaje”.
Rechazaron que el TSJ avale el desarrollo de un golpe de Estado continuado, que se quiere imponer un derecho penal de guerra a favor del gobierno y la modalidad de elaborar sentencias de forma anónima, en las que no se atribuye el dictamen a un ponente en particular. Duque Corredor, como vocero de la plataforma de abogados, señaló que los magistrados han sido pasivos y han permitido que se conculquen los derechos fundamentales y los principios fundamentales.
Lesa Constitución. El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez explicó que la gravedad del acto presidencial de aprobación del presupuesto del próximo año va más allá de los delitos de salvaguarda y se ubica en el rango de hechos equivalentes a los de lesa humanidad.
“El reproche es mucho más grande que la referencia de artículos, estamos ante verdaderos crímenes de lesa Constitución, hay una violación flagrante de la carta magna. No tenemos ni la independencia de los poderes para que aquí se haga efectivamente justicia, pero los hechos son de una gravedad tal que no tiene precedentes en la historia política venezolana. Aquí hay una apropiación criminal de los dineros públicos y eso es más grave que la malversación de fondos; no se trata de una situación normal ni de un hecho nimio”, subrayó.
Con información de El Nacional
