El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó dos proyectos de ley que invierten más dinero en su esfuerzo de tres años para disuadir la inmigración ilegal en la frontera entre Texas y México y otorgar a Texas autoridad policial para arrestar a inmigrantes indocumentados en cualquier lugar del país.
El Político
“La ley ofrece un mecanismo para ordenar a una persona extranjera regresar a la nación extranjera desde la que entraron (a Texas)”, resaltó Abbott durante la firma de las leyes
“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte” añadió
Proyecto de ley del Senado 3 asigna $1.54 mil millones en dinero estatal para continuar la construcción de barreras a lo largo de la frontera de 1,200 millas y permite que el estado gaste hasta $40 millones para que los policías estatales patrullen Colony Ridge, una urbanización cerca de Houston.
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At the Texas-Mexico border today for a bill signing ceremony that will take #OperationLoneStar to the next level.
Join me LIVE as I sign historic border security legislation into law: https://t.co/rmFb1eHMdK pic.twitter.com/6jZ3qPNWPg
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 18, 2023
A su vez el Proyecto de ley del Senado 4 crea un delito estatal por cruzar ilegalmente la frontera desde México: una nueva ley que probablemente forzará un enfrentamiento legal con el gobierno federal.
Otro Proyecto de Ley del Senado 4, aprobado por los legisladores durante el tercer período extraordinario de sesiones a principios de este año, aumentaría la sentencia mínima de dos años a 10 años por tráfico de inmigrantes u operación de un escondite.
La comunidad latina de Texas, que representa aproximadamente el 40% de la población estatal, se encuentra profundamente preocupada debido a la reciente legislación. Organizaciones de derechos civiles y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes la han criticado fuertemente después de su aprobación el mes pasado por la legislatura de Texas.
La ley entra en vigor en marzo
Las leyes que financian la barrera fronteriza y criminalizan el cruce ilegal entrarán en vigencia a principios de marzo, mientras que la ley contra el tráfico de personas entrará en vigencia a principios de febrero.
Los tribunales federales, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos, han dictaminado que solo el gobierno federal puede aplicar las leyes de inmigración. Sin embargo, algunos republicanos de Texas esperan que la nueva ley sea llevada nuevamente ante la Corte Suprema.
Por otro lado, el representante demócrata Joaquín Castro, de San Antonio, envió una carta, firmada por otros miembros demócratas del Congreso, pidiendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos que demande a Texas en un intento de detener la entrada en vigencia de la ley.
En una declaración adicional, 30 ex jueces de inmigración nombrados por administraciones republicanas y demócratas expresaron que el proyecto de ley es inconstitucional.
Cabe destacar que Texas no es el primer estado en otorgar poder a su policía para perseguir a inmigrantes indocumentados. En 2010, los legisladores de Arizona aprobaron el Proyecto de Ley Senatorial 1070, que convertía en un delito estatal la falta de portar documentos de inmigración por parte de inmigrantes legales y requería que la policía investigara el estatus migratorio de cualquier persona con la que tuvieran contacto.
