La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, decidió autorizar al Fiscal de la CPI a reanudar la investigación en relación con la situación en Venezuela.
El Político
Según la CPI «Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa».
También señaló que las investigaciones domésticas no parecen abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, reportó PrimerInforme.
FANB amenazada por investigación de la CPI
Rocío San Miguel, presidente de la ONG venezolana especializada en el mundo militar, dijo que serán las Fuerzas Armadas Nacionales las que recibirán una de las peores partes.
En su análisis destacó el significado de la reanudación de la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
Para San Miguel, la realidad es que en estos casos de delitos de lesa humanidad, el régimen de Maduro nunca «ha investigado la responsabilidad de los superiores. Este es el desafío más importante que tiene la justicia nacional».
¿Por qué es importante?
Vale la pena recordar que la Sala de Cuestiones Preliminares I tomó la decisión debido a tres factores que observa en Venezuela: Lo primero es que los procesos penales en Venezuela no reflejan el alcance de la investigación.
Segundo, Venezuela no parece investigar las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad.
Y por último, las investigaciones en Venezuela parecen estar centradas únicamente en los perpetradores directos y/o de rango inferior.
Presiones de la CPI
Según San Miguel, «la decisión, tomada por la CPI, impone serias presiones al sistema político venezolano, que deberá demostrar la capacidad de adelantar investigaciones y enjuiciamientos nacionales genuinos, que para el caso de ocurrir, tendrá un enorme impacto en la Fuerza Armada Nacional».
La Sala de Cuestiones Preliminares I, está integrada por los jueces: Péter Kovács, Presidente, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.
Desde el 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía presentó un pedido ante la Sala de Cuestiones Preliminares I solicitando autorización para reanudar la investigación en esta situación.
