Amnistía Internacional rechazó este miércoles el proyecto de ley del régimen de Nicolás Maduro que pretende fiscalizar, controlar, criminalizar y cerrar las ONG en Venezuela.
El Político
El organismo que aboga por los derechos humanos alertó de esta movida y pidió el cese inmediato de la iniciativa, reportó Infobae.
¿Por qué es importante?
Amnistía Internacional advierte que si se aprueba este proyecto de ley, «todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal”.
Agrega en un comunicado que “el 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela».
Entre estos controles intrusivos que AI señala se encuentran la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, por lo que los derechos de asociación y privacidad -entre otros- se verían violados tanto de estas ONG como de sus beneficiarios y quedarían en grave riesgo de criminalización y represalias.
“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques contra la sociedad civil”, continúa el escrito.
Junto a esto, Amnistía Internacional adjuntó una carta dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que también llaman a tomar acción inmediata sobre el caso.
En ella, el organismo señala al proyecto de ley como “un intento más de controlar a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y un esfuerzo vergonzoso para limitar su trabajo en materia de derechos humanos, receptores de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela”.
🚨 ACCIÓN URGENTE 🚨@jorgepsuv, como presidente de la Asamblea Nacional que está tramitando la inaceptable ley contra ONGs en #Venezuela, frene de inmediato esta ley y cese los ataques a la sociedad civil venezolana. CC: @volker_turk
⚠️ ➡️ https://t.co/lDNly37Njl pic.twitter.com/EZLWGVOX1X
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) January 25, 2023
En contexto
Estos escritos surgieron como respuesta a la voluntad del régimen de ir, en principio, contra 62 organizaciones civiles que ya han sido identificadas y que “operan con fines absolutamente políticos y reciben financiamiento de otras naciones”, según denunció este martes Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Entre ellas, Cabello mencionó a las ONGs Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidada Católica Andrés Bello (UCAB), según precisó el sitio web Monitoreamos.
“Llegó la hora de fiscalizar los recursos que reciben y cómo lo invierten, y si se dedican a la política o a la labor social. ¡Ya basta!”, concluyó el líder chavista durante su presentación ante la Asamblea.
En el pasado, el régimen ya había intentado controlar y atacar a la sociedad civil en Venezuela, como con el Reglamento Administrativo Nro. 001 de 2021 y la denominada Ley de Cooperación Internacional de 2022. Ambas fueron condenadas por AI, incluso con una carta dirigida al dictador Maduro que estaba respaldada por la firma de más de 500 organizaciones.
Según el chavismo, casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.
El régimen de Maduro señala a estas organizaciones de recibir fondos de enemigos extranjeros y atentar contra la llamada revolución bolivariana, reportó ElEstimulo.
El diputado Diosdado Cabello presentó esta propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores.
La ley entra ahora en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.
"Presentamos esta Ley con humildad, pero con mucha firmeza para regular el financiamiento, la actuación de estas organizaciones no gubernamentales, esperando el apoyo de nuestras diputadas y diputados, y vamos a la calle a discutirla junto al pueblo", Diosdado Cabello. pic.twitter.com/Elcmp1FkIG
— PSUV (@PartidoPSUV) January 24, 2023
En conclusión
Amnistía Internacional destacó la “misión vital” que llevan a cabo las oenegés en todo el mundo pero, particularmente, en Venezuela, “donde más de 7,1 millones de personas han huido de violaciones masivas de los derechos humanos y millones necesitan ayuda humanitaria a diario”.
También, se menciona el “riesgo constante” que sufren estos defensores de “sufrir acoso, agresiones y detenciones eventuales”, como el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien permanece detenido por embanderar su causa.
Por su parte, diversas organizaciones condenaron la ley aprobada por la AN.
Tal es el caso de Provea, que aseguró que se trata de «un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG».
Detalló que, de acuerdo con el documento difundido, las organizaciones de este tipo «serían multadas hasta con 200 petros (12.000 dólares) si no cumplen con la nueva» normativa ya aprobada en primera discusión.
En esa línea, la ONG Acceso a la Justicia, que aseguró que esta norma, cuyo contenido no ha sido presentado a la ciudadanía, «pone a las ONG y afines y, en general, a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos».
La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró que el objetivo de esta nueva norma que se pretende crear es «eliminar el mayor número de ONG en Venezuela».
Avanza la criminalización.
Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento.
Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas. https://t.co/XHHK7HpZfs pic.twitter.com/9ef3MHQOVU
— PROVEA (@_Provea) January 24, 2023
