El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su equipo legal se resistieron a una solicitud para elaborar sus afirmaciones en torno a la desclasificación de los documentos recuperados el mes pasado de su casa de Mar-a-Lago.
El Político
En una presentación al ‘perito’ designado por el tribunal que Trump solicitó, sus abogados dijeron que el «momento y lugar» para hacer tal revelación vendría en una moción en un juicio penal como un esfuerzo para recuperar su propiedad.
«De lo contrario, el proceso del maestro especial habrá obligado al demandante a revelar completa y específicamente una defensa sobre el fondo de cualquier acusación posterior sin que tal requisito sea evidente en la orden del Tribunal de Distrito», escribió el equipo legal de Trump, reportó Reuters.
Negativo del equipo legal de Trump
La resistencia se produce después de que los abogados de Trump insinuaran que el expresidente desclasificó los más de 300 documentos recuperados en su casa de Florida, pero se quedaron cortos a la hora de hacer la afirmación completa en los archivos judiciales.
«La postura del gobierno asume que si un documento tiene una marca de clasificación, sigue siendo clasificado independientemente de cualquier acción tomada durante el mandato del presidente Trump», escribió el equipo legal del expresidente en una presentación la semana pasada.
«No hay ningún argumento legítimo de que la desclasificación de documentos por parte del jefe del ejecutivo requiera la aprobación de los componentes burocráticos del poder ejecutivo», añadieron.
El equipo legal del Departamento de Justicia aprovechó la insinuación del abogado del expresidente en su siguiente presentación.
Nueva solicitud
La Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts presentó el lunes una solicitud de la Ley de Libertad de Información en busca de la orden de desclasificación «permanente» a la que el expresidente -fuera de las presentaciones judiciales- ha apuntado para explicar el tramo de registros en su casa, reportó The Hill.
Como Trump ha luchado para evitar que el Departamento de Justicia revise los registros clasificados, el departamento ha argumentado que no podría tener ningún derecho posible sobre los documentos, diciendo que sus etiquetas de clasificación indican que son del gobierno y no de propiedad personal y que el expresidente no tiene ninguna razón para impedir que el poder ejecutivo los revise.
