Un tribunal federal del Distrito de Columbia dictaminó este martes que la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que niega a los inmigrantes alistados en las Fuerzas Armadas un trámite rápido para la obtención de la ciudadanía es ilegal.
El Político
«El Congreso ha reconocido durante mucho tiempo que los inmigrantes que prestan servicio en las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra tienen derecho a la ciudadanía estadounidense», explicó en una declaración Scarlett Kim, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
«Esta decisión rechaza el intento racista del Gobierno de Trump de subvertir este claro mandato del Congreso y llevar adelante su programa antiinmigrante», añadió a El Confidencial.
El caso tiene impacto sobre muchos beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ampara de la deportación a inmigrantes que entraron de manera ilegal con sus familias en Estados Unidos cuando eran menores de edad y han accedido a ese beneficio porque han prestado o prestan servicio en las Fuerzas Armadas.
En octubre de 2017, el Gobierno de Trump añadió varios requisitos que la ACLU describe como «onerosos» y que han tenido como resultado que a los inmigrantes alistados en el Ejército se les niegue el trámite expedito hacia la ciudadanía, de acuerdo con lo estipulado por el Congreso.
«En el año siguiente a la aplicación de esta política, el Gobierno dio cuenta de una reducción del 72% en las solicitudes de naturalización por parte de miembros del Ejército, en comparación con el nivel anterior», afirmó la ACLU.
En su dictamen, de 62 páginas, la jueza federal Ellen Huvelle señaló que el Departamento de Defensa, por ley y en la consideración de la solicitud de ciudadanía por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas, ha de tener en cuenta si el solicitante ha cumplido con honorabilidad su servicio.
«El Departamento de Defensa no solo tiene prohibido considerar algo más allá que el historial de servicio del soldado para determinar si ha servido con honor, sino que al recibir la solicitud de un extranjero que ha satisfecho el servicio cualificante, el departamento debe hacer la determinación», recordó Huyelle. Los requisitos adicionales, presentados en 2017, «van en contra de la ley, y la negativa del Departamento de Defensa a certificar a los demandantes porque no hayan cumplido algunos de esos requisitos constituye una acción ilegal», concluyó.
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