Cada día que pasa, la crisis en Venezuela se profundiza.Esta semana, en medio de versiones de irregularidades, nos llegó noticia de la muerte de Fernando Albán, aunque el régimen de Nicolas Maduro quiere que creamos que fue un “suicidio”.
A la vez, la inflación en Venezuela ha llegado a más de 1.000.000 %, con proyección de llegar al 10.000.000 % el año que viene, cuando la economía se contraerá 18%.
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Cientos de miles de venezolanos siguen saliendo del país en busca de refugio, como lo han hecho más de 2,3 millones de sus compatriotas durante los últimos años.
Estas dinámicas exigen la acción de la comunidad internacional. Acción coherente y no de retórica dura, respaldada por acción inconsistente o imaginaria.
Actuar significa hacer dos cosas a la vez: lidiar con la crisis migratoria y aumentar la presión sobre el régimen ilegítimo de Maduro.
El refuerzo de esa acción internacional tiene que empezar con modificaciones radicales a ciertos aspectos de la política estadounidense frente a Venezuela.
Primero, el gobierno de Estados Unidos tiene que suspender -inmediatamente- la deportación de venezolanos. No puede ser que mientras la administración Trump declara su solidaridad con el pueblo venezolano, esté forzando el retorno de sus ciudadanos a un país colapsado.
Pero la reforma radical de la política ante Venezuela no puede quedarse en un mínimo de suspender deportaciones.
También, se debe otorgar, de inmediato, Estatus de Protección Temporal, el TPS por sus siglas en inglés, a todos los venezolanos indocumentados que se encuentren actualmente en territorio estadounidense El colapso total de Venezuela y la represión impuesta al pueblo venezolano son ejemplos de cuándo se debe conceder un TPS.
También se debe dar marcha atrás a la decisión de reducir el número de refugiados en EE.UU. en este año fiscal al nivel más bajo en la historia del programa, es decir, desde 1980.
Para enfrentar una crisis migratoria de la dimensión de la venezolana, Estados Unidos debe abrir puertas, no cerrarlas por motivos nativistas. Como mínimo, se debe duplicar el número de plazas para refugiados y dedicar la totalidad de ese aumento a venezolanos.
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Después de rectificar el tema migratorio, el gobierno estadounidense debe utilizar todas las herramientas a su disposición para llevar a los delincuentes líderes de Venezuela a la justicia internacional y a la estadounidense.
En vez de atacar a la Corte Penal Internacional, como lo ha estado haciendo en los últimas semanas, el gobierno de EE.UU. debería respaldar decididamente la iniciativa de Argentina, Canadá, Colombia, Chile,,Paraguay y Perú de promover una investigación a fondo en ese foro de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
Esa investigación abrirá puertas a juicios muy apropiados de figuras centrales del régimen de Maduro. Estados Unidos no debe estar junto a quienes apoyan a Maduro en el ataque a la Corte.
Es muy probable que existan acusaciones formales –tanto de narcotráfico como de lavado de dinero– bajo reserva en cortes federales de Estados Unidos. Ha llegado el momento de sacar a la luz esas acusaciones para dejar claro el nivel de criminalidad que existe en la cúpula del régimen venezolano.
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Destapar esas acusaciones y apoyar los procesos en La Haya es algo que debe ir acompañado por una expansión de las sanciones individuales contra figuras gubernamentales. A sus asociados y familiares también debe prohibírseles entrar a Estados Unidos o utilizar el sistema financiero de este país. Tampoco deben ser recibidos con los brazos abiertos por otros países de la región y del mundo civilizado. Las sanciones individuales deben ser universales.
Llegar a eso requiere voluntad política a lo largo de las Américas y liderazgo estadounidense, junto con cooperación técnica para asegurar que las autoridades bancarias, financieras e inmigratorias, junto con las policías tengan la capacidad de identificar el movimiento de personas y bienes en toda la región.
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