Seis ex rectores del Consejo Electoral en Venezuela, se sumaron a la sociedad civil integrado por la Asamblea Nacional, una veintena de constituyentes, academias, empresarios, médicos, abogados y estudiantes, entre otros, que rechazan la forma y propósito con que ha sido convocada la asamblea nacional constituyente por el presidente Nicolás Maduro.
Con información del diario El Nacional
En un comunicado, los ex rectores Andrés Caleca, Vicente Díaz, Miriam Kornblith, Sobella Mejías, Ezequiel Zamora y Eduardo Semtei advierten que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro, mediante decreto el pasado 3 de mayo, tiene características que están establecidas en la Carta Magna venezolana y que usurpa la atribución que solo posee el poder originario del sufragio representado por el pueblo.
Los ex rectores expresan que la admisión de la solicitud por parte del directorio va en contra de la práctica y mecanismos adoptados durante el proceso convocado hace 18 años.
“Para sorpresa del país y de la comunidad internacional, el CNE decidió aceptar los términos de la convocatoria hecha por el “usurpador”, contraviniendo no solo el espíritu y el texto de la Constitución vigente, sino la propia tradición del organismo, particularmente, la relativa a todo el proceso constituyente de 1999”, señalaron en el comunicado.
Los rectores enumeran tres elementos que, a su juicio, configuran un nuevo “capítulo del golpe institucional” continuado perpetrado por “la camarilla gobernante, esta vez con la abyecta y oprobiosa complicidad de la mayoría de los integrantes del CNE”.
Primero, la usurpación de la facultad convocatoria del pueblo soberano por parte del presidente. Segundo, el exabrupto de conferir el carácter de asamblea constituyente “a un cónclave corporativista, comunal, partidario, contrario a lo que demanda la Constitución”.
Por último, “la abierta y descarada intención de usar ese mecanismo ilegal e ilegítimo para burlar la voluntad popular representada por la Asamblea Nacional elegida en diciembre del 2015”.
Los ex rectores exhortan a sus colegas en ejercicio a rectificar y devolver “al usurpador el documento presentado”, como un gesto que “contribuya a retomar la senda constitucional”.
