Ejercer el periodismo en Venezuela es un riesgo. Pues el régimen reacciona con violencia ante publicaciones que les comprometan.
El Político
Ejercer presión sobre los medios de comunicación desde el régimen, es práctica habitual. Hasta el punto de silenciar de manera definitiva a los medios que no son afines a la línea de Miraflores.
Casos como el del Diario El Nacional son emblemáticos. Así como el cierre permanente de emisoras de radio. Pues el objetivo del régimen es que solo exista una única voz, a la hora de informar.
Muchos medios han tenido que recurrir a la autocensura, para mantenerse a flote. Le han bajado el tono a sus políticas informativas, como estrategia para seguir funcionando. Una realidad cuestionable desde el punto de vista ético, pero admisible desde el punto de vista de la supervivencia.
Y a los periodistas de Armando Info los atacaron por denunciar lo que hoy reconocen. #corrupcionRojaRojita https://t.co/f4EWtwKEze
— Tello Benitez (Jr) 🇻🇪 (@TelloBJr) March 21, 2023
Crónica de una corrupción anunciada
En Venezuela, el régimen, aún sin admitirlo, lleva varias semanas tras las pistas de una amplia trama de corrupción en la industria petrolera de Venezuela. Cuyos entretelones ya habían sido revelados hace meses, por un grupo de periodistas que tuvieron exiliarse, gracias a que la justicia de su país amenazó con encarcelarlos, a raíz de sus reportajes.
El régimen de Nicolás Maduro y la fiscalía venezolana han anunciado el arresto de al menos 51 funcionarios, jueces, empresarios, políticos y «mujeres de la mafia» vinculados al chavismo. Eso por apropiarse de patrimonio público y legitimar capitales derivados de un opaco esquema de operaciones petroleras en la gestión del hoy exministro Tareck El Aissami.
En este contexto, Armando.Info, un medio digital venezolano fundado hace nueve años, especializado en investigaciones de gestión pública y prácticas de transparencia en el ejercicio financiero, publicó el año pasado varios reportajes sobre estas operaciones irregulares en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela, con el concurso de empresarios cercanos al oficialismo.
«A cuentagotas», el fiscal general Tarek William Saab ha comprobado «toda una madeja de complicidades tejida en torno al negocio petrolero» venezolano, que destapó el medio desde agosto del año pasado, cuenta el coeditor de Armando.Info, Ewald Scharfenberg.
Armando.Info reveló que PDVSA enfrentaba problemas de caja, por no haber podido cobrar el 80% de las ventas al contado efectuadas entre 2019 y agosto de 2022, debido a que el ministro El Aissami habilitó una red de intermediarios inexpertos y desconocidos. El monto desaparecido ascendía a al menos 8.400 millones de dólares, según el medio.
«Estos nuevos intermediarios, a veces por ineptitud e inexperiencia, pero a menudo por esquemas corruptos por los que ‘privatizaban’ las ganancias de esas transacciones, en llave con funcionarios estatales, no aportaban a PDVSA los ingresos debidos», de unas operaciones que trataban presuntamente de evadir las sanciones económicas contra el gobierno venezolano, indica Scharfenberg, en conversación con la Voz de América.
Además de revelar la «crisis» de PDVSA por esas operaciones opacas y cómo derivó en «problemas de liquidez» del régimen de Maduro, Armando.Info publicó reportajes donde mencionan las responsabilidades en esquemas de corrupción de figuras como Antonio Pérez Suárez, Bernardo Arosio y los hermanos Perdomo. Hoy, muchos están detenidos.
Isaac Sultán Cohén es el dueño de tres empresas en Islas Caimán que operan en Suiza. En este país el excontratista de Pdval también ha tenido cuentas bancarias que suman cientos de millones de dólares
✍🏻https://t.co/j7X3wmjKZJ pic.twitter.com/19AD6cuJWl
— Armando.Info (@ArmandoInfo) April 6, 2023
Repartiendo culpas
La publicación identificó al vicepresidente de suministro y comercio de PDVSA, el coronel Antonio Pérez Suárez, como la figura que acordó con El Aissami la puesta en marcha del esquema de intermediarios «desconocidos» y cercanos al chavismo, para evadir sanciones.
Pérez Suárez, presentado ya ante un tribunal de Caracas, por su implicación en la corrupción petrolera más reciente, pobló parte del organigrama gerencia de PDVSA con «compañeros militar sin otra credencial que la lealtad» hacia él, explica Scharfenberg.
«Cuando ese hueco de las ventas no cobradas por PDVSA se hizo evidente, El Aissami trató de echarle la culpa a Pérez Suárez. Al final, ambos resultaron descabezados», añade.
Armando.Info también publicó investigaciones sobre «el ascenso empresarial de grupos familiares y económicos, asociados a estos esquemas» corruptos, hoy reconocidos por Maduro, los voceros del partido del régimen y el fiscal general de Venezuela.
El medio denunció además la participación en el proyecto de exportación de gas a Colombia de los hermanos Bernardo y Tadeo Arosio, vinculados a la construcción y negocios turísticos, que manejaban «una oficina de trade petrolero espectral en una casa humilde de Sarría, una zona popular de Caracas”, precisa Scharfenberg.
Los periodistas, señala, desvelaron asimismo que los hermanos Rafael, Roger y Maryuri Perdomo Rodríguez, dueños de la constructora HP, promotores del auge «bohemio» de Caracas, que se había convertido en vitrina de una supuesta recuperación económica del país, consiguieron «de funcionarios militares jugosos contratos en refinerías de PDVSA «.
La Policía Nacional Anticorrupción detuvo en marzo tanto al coronel Pérez Suárez como a Bernardo Arosio y Rafael y Roger Perdomo, confirmó el fiscal general venezolano.
El consorcio @FbdnStories reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación, entre ellos https://t.co/r1sQRJAvAY, que investigaron sobre los mercenarios de la desinformación que amenazan, encarcelan y hasta asesinan periodistas
Lee #StoryKillers https://t.co/K0fmepRAhx pic.twitter.com/fBZkP00paV— Armando.Info (@ArmandoInfo) February 19, 2023
Bajo amenaza
Tres editores y un periodista investigador de Armando.Info debieron salir en 2018 de Venezuela bajo amenazas judiciales y personales, tras la publicación de dos reportajes sobre el negocio del plan estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción – CLAP.
Scharfenberg, Alfredo Meza y Joseph Poliszuk, editores del portal, y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por el empresario colombiano Alex Saab, figura central de la denuncia de los negocios de los CLAP, por delitos que acarreaban hasta 6 años de cárcel.
