Una misión internacional independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que en Venezuela se producen torturas, detenciones arbitrarias “sistemáticas”, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas desde hace al menos seis años. Estas aberraciones ocurren con la anuencia del propio presidente Nicolás Maduro y sus más altos funcionarios, y sin que haya justicia.
El Político
El organismo llegó a esa conclusión no solo por leer documentos, sino tras escuchar duros testimonios narrados por las propias víctimas.
Los integrantes de la Misión de la ONU identificaron patrones de conducta que se repitieron en los casi 3,000 casos de violaciones de derechos humanos que revisaron desde 2014. Las víctimas, por ejemplo, no son solo líderes políticos de alto perfil, como Leopoldo López. Son activistas, militares, jueces o fiscales que decidieron no obedecer a Maduro; son abogados, periodistas, trabajadores de la salud, miembros de ONG; hay usuarios de redes sociales acusados penalmente y encarcelados por años solo por escribir su opinión en un tuit.
En el informe se detalla que estos sufrieron ataques físicos, campañas de difamación, represalias legales, procesos penales. Fueron detenidos con violencia —aunque no se resistieron al arresto—, sin explicación alguna, sin la orden de un juez y en las peores condiciones. Y durante la detención casi todos sus derechos humanos fueron violados sin ningún freno: las víctimas —incluyendo menores— hablan de violencia sexual, de descargas eléctricas en los genitales, de desnudez forzada en habitaciones heladas, de torturas con métodos de estrés, de asesinatos a manos de funcionarios que luego alteraron la versión de lo ocurrido.
Lo cierto es que las consecuencias de ser disidente no solo afectan a los actores principales que se oponen a Maduro. Hay casos de familiares o amigos de las víctimas que fueron amenazados e incluso detenidos, según reportó univision
El informe refiere también que quienes daban las órdenes a cualquiera de las policías y a los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin) para atacar a un objetivo específico eran directamente el presidente Nicolás Maduro y el segundo en el mando, Diosdado Cabello. “El exdirector del Sebin, Christopher Figuera, dijo que había reconocido órdenes directamente del presidente Maduro para colocar armas en el apartamento del señor (Roberto) Marrero”, uno de los opositores que fue encarcelado y que previamente había sido el abogado defensor del opositor Leopoldo López.
Y cuando se habla de ejecuciones extrajudiciales la situación no mejoró. Las madres que intentaron ayudar a sus hijos fueron vejadas, golpeadas y amenazadas; las víctimas fueron asesinadas en sus propias casas, a sangre fría, con tiros de gracia dados por funcionarios que luego, describe el informe, simulaban enfrentamientos.
Un dato a considerar es que no es la primera vez que la ONU pone la mirada sobre ese tema. En su reporte de julio de 2019, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió que las fuerzas de seguridad habían sido responsables de más de 5,000 muertes en 2018 y más de 1,500 hasta mayo de 2019. Las catalogaron como “escuadrones de la muerte”. Maduro dijo entonces que el reporte estaba “parcializado”.
La misión de la ONU volvió sobre este tema en el reporte publicado ahora en septiembre de 2020. Aseguró que los abusos ocurren en distintos cuerpos de seguridad, desde el Sebin hasta las policías. Sin embargo, consideró que las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) son “la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64.5% de las muertes” examinadas en 2019.
En esta ocasión, como en las revisiones anteriores, el gobierno de Venezuela no cooperó con los investigadores que indagaban en las violaciones de derechos humanos. Este sábado, respondieron al informe presentando cifras: dijeron que más de 800 agentes venezolanos han sido acusados en los últimos tres años. Como era de esperarse, el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, reiteró quejas del pasado: aseguró que el nuevo informe de la ONU es un documento “totalmente sesgado”.
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