El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió hoy la inhabilitación para ejercer cargos públicos del opositor y ex gobernador del estado de Zulia (noroeste) Manuel Rosales, al admitir un recurso de nulidad contra una decisión que la Contraloría le impuso en 2014.
En una sentencia publicada en el portal web del TSJ se señala que la Sala Político-Administrativa declaró “procedente” una solicitud de amparo cautelar, suspendiendo la decisión de la Contraloría que dejaba a Rosales inhabilitado por un período de siete años y seis meses.
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— El Político (@elpoliticonews) October 31, 2017
El Supremo señala además que se acordó suspender la decisión de la Contraloría “hasta tanto se dicte la decisión de fondo que resuelva el mérito de la presente controversia”.
Rosales, que también fue candidato presidencial en 2006, indicó en su cuenta de Twitter que el recurso de nulidad y la solicitud de amparo cautelar contra la decisión de la Contraloría que lo dejaba inhabilitado lo introdujo en 2015.
El opositor además señaló que, según él, hace meses que aparece “habilitado” y que “las inhabilitaciones son una herramienta perversa, usada a conveniencia por el Gobierno, para ir acabando con el liderazgo opositor”.
Dijo que el Gobierno quiere dividir a la oposición, “porque es el único camino donde puede avanzar”.
La decisión de la suspensión de la inhabilitación de Rosales se conoce días después de que se convocara una nueva elección para elegir a un gobernador en Zulia, tras la decisión del mandatario regional electo el pasado 15 de octubre, el opositor Juan Pablo Guanipa, de no juramentarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Rosales, que fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del estado Zulia (2000-2008), fue detenido en octubre de 2015, luego de seis años en el exilio debido a una orden de captura que se dictó por un proceso que inició en su contra la Fiscalía en 2009.
Sin embargo, fue liberado el 31 de diciembre de ese mismo año bajo la prohibición de salida del país y la presentación ante tribunales.
Con información de EFE
