Colombia está a las puertas de un plebiscito que “definirá” la historia de guerra en ese país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La consulta nacional se realizará el próximo 2 de octubre con un planteamiento de paz, por parte del presidente Juan Manuel Santos, mientras que para los detractores de la medida es una entrada libre al narcotráfico en el país.
Stephanie Lozada Madriz/ El Político
Actualmente, el panorama que se vislumbra al ganar el “si” es claro: la participación activa de las Farc en la política colombiana, un acuerdo definitivo para el cese al fuego, la desmovilización y el desarme de los rebeldes. Sin embargo, si el pueblo rechaza esta propuesta podría haber un retroceso “definitivo” en las negociaciones con el grupo guerrillero.
Uno de los puntos claves de este pacto es que 7.000 rebeldes dejarán las armas y se desmovilizarán una vez el acuerdo final de paz se suscriba. En el documento inicial firmado el pasado 24 de agosto en La Habana, se detalla que habrá un “acuerdo sobre las víctimas”, un sistema de verdad, reparación y no repetición, que combina mecanismos judiciales que permitan la investigación y sanción de las violaciones a los DDHH.
El documento dicta que “el resarcimiento de las víctimas es vital para reparar a los afectados por el conflicto armado”.
Sin embargo, el jefe negociador de las FARC alias “Iván Márquez”, en un entrevista realizada por CNN, especificó que para cumplirlo hace falta que se apruebe una ley de amnistía e indulto.
“Sí, el 26 (de septiembre) estárá la firma del acuerdo final, pero usted sabe que hay un aspecto que debe precisarse y es precisamente, el de la ley de amnistía e indulto. Sin ley de amnistía e indulto es muy difícil que la guerrilla empieza el movimiento de sus efectivos hacia la zona de paz o hacia los puntos transitorios de normalización. Entonces queremos seguridad en este terreno y eso tiene que darse tal y como lo he venido señalando", dijo el líder guerrillero.
Para los opositores del acuerdo este punto le resta “popularidad “ a la opción del “si”, ya que el conflicto armado de más de medio siglo, deja un saldo de 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,8 millones de desplazados impunes.
Para los miembros del partido Centro Democrático, cuna del Uribismo en Colombia, esta es una encuesta que el presidente Santos podría perder. Afirman que, históricamente, 80% de la población colombiana no está de acuerdo que los guerrilleros asuman roles en la política y que no sean “castigados” por sus crímenes.
Andrés Forero, concejal de este partido afirmó que al ganar el “si” envían el peor mensaje que se le podrá dar al mundo, porque implica que “el crimen no se paga” y en su opinión, esto no puede quedar así.
Fernando Londoño, abogado de Álvaro Uribe, rechaza la propuesta porque se niega a vivir en el “reino” de las FARC.
“Nada garantiza que las FARC entreguen las armas que tienen. Pero lo que es seguro, es que no entregarán su dinero, que tienen acumulado en cantidades gigantescas”, reseña.
Insiste en que el capital que gana las Farc cada año como “narcotraficantes y mineros ilegales”, les basta para “corromper” al pueblo y ganar todas las elecciones.
Otros voceros de este partido se han declarado a favor de una “renegociación”. Everth Bustamante, senador del Centro Democrático explicó que esto sería una manifestación “muy clara” de que los colombianos creen que la negociación de La Habana no es lo que más conviene a los intereses nacionales.
Añadió que el Gobierno y las FARC deberían interpretarlo como “la necesidad de un replanteamiento de varios puntos de la negociación”.
Se debe recordar que el partido político que creen las FARC será reconocido cuando finalice el proceso de entrega de de armas y se cumpla con los requisitos que exige la ley para la creación de un partido, con excepción de la exigencia de obtener el tres por ciento de los votos depositados en las elecciones parlamentarias.
Tres en desacuerdo
El gobierno, la oposición y la Corte Constitucional tienen opiniones distintas entre el acuerdo firmado y el aspecto vinculante del plebiscito.
La Corte Constitucional examinó una propuesta entregada por diputados oficialistas, que en el caso de gana el No, el gobierno no tendría que acabar ni cambiar con el proceso de paz, sino que podría utilizar otras alternativas.
El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, declaró a RCN, que en el caso de la desaprobación del plebiscito especial, lo que se afecta es la implementación normativa del Acuerdo, no es causal para privar el contenido al derecho a la paz, “pues esto no es lo que se somete a discusión, ni menos que afecte el ejercicio de las acciones para la conservación”.
Afirman que esta interpretación judicial podría poyar al gobierno, eliminando el carácter vinculante del acuerdo con el plebiscito. En el caso de ganar el “no”, el presidente Santos no estaría obligado a cancelar el proceso de paz, si es derrotado en las urnas.
Además, que el resultado del plebiscito será vinculante políticamente, pero no legalmente, ya que no es obligatorio incorporar los acuerdos de paz a la constitución o al ordenamiento jurídico del país, en el caso de una decisión positiva.
Las normas para que el plebiscito apruebe o desapruebe la medida está en el “umbral de aceptación”, que debe superar 4,3 millones de escaños en cualquiera de los dos casos. Una de las posibilidades para que el No gane, es que el “sí” alcance el umbral, pero el “no” obtenga la mayoría.
Por su parte, el presidente de la república colombiana, Juan Manuel Santos, aseveró que de no refrendarse el acuerdo con las FARC en el plebiscito por la paz, el grupo se mantendrá en la selva y no se iniciarán los protocolos previstos para su paso a la vida política.
El senador Roy Barrera, apuesta por el “si” con la expectativa de que el narcotráfico se resuelva cuando se transforme el pensamiento sobre este problema global que se convierte en afecciones a la salud pública. Además, espera que se acabe el “prohibicioinismo”.
Humberto De la Calle, parte del gabinete de gobierno de Santos , advirtió que después de esta oportunidad pasarán 10 años más para que las FARC se siente a negociar con el Gobierno de Colombia, y se seguirán acumulando muertes en el proceso.
Añadió que este proceso se puede comparar con el Brexit, la consulta del Reino Unido para evaluar su desvinculación con el bloque de la Unión Europea, ya la gente puede vote por el “no” considerando que puede haber una renegociación, cuando eso no podrá ocurrir en esta década.
Otros actores políticos también compararon a este proceso con el Brexit, pero no con el mismo enfoque.
La periodista y politóloga colombiana, María Jimena Duzán, indicó que el presidente Santos debió tomar de ejemplo el referendo de los británicos y no “subestimar” la decisión del pueblo colombiano antes una “inminente” negativa ante la propuesta.
Afirma que el exprimer ministro David Cameron se equivocó al convocar una consulta cuando “nadie” se lo había pedido, al igual que lo hizo el gobierno del presidente Santos.
Advierte que esta medida no es para refrendar la propuesta con el “clamor del pueblo”, sino responder a la necesidad de resolver una división interna en su partido.
Minas a la expectativa
Una de las mayores amenazas que deja las FARC, en el caso de perder el acuerdo, es la recolección de minas antipersonales que ha colocado a Colombia como el tercer país del mundo con mayor cantidad de víctimas por la explosión de estos dispositivos en los campos.
El presidente Santos, confirmó que Colombia recibirá $80 millones como ayuda económica para liberar de minas los campos y las selvas colombianas de los dispositivos colocados por las FARC.
Desde 1990, según el gobierno colombiano, 11.043 personas han pisado una mina dejando un saldo de 2.209 víctimas. Se calcula que 4.226 de estas víctimas eran civiles y 6.817 miembros de la Fuerza. También se registra que 864 niños y 246 niñas han muerto en estos campos.
Las cifras oficiales del gobierno estiman que el desminado total tendrá un costo de $327 millones, por lo que el gobierno colombiano deberá poner el dinero faltante.
Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, Desminar Colombia"tomará una generación", y explicó que 10.000 soldados estarán entrenados para esa labor en el primer semestre del 2016.
Por su parte, Álvaro Jiménez Millán, director nacional de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas, afirmó que con las ayuda de las FARC sería mucho más rápido, porque “nosotros solamente destruimos los campos minados que encontramos, pero si (las FARC) nos dieran la información exacta de dónde están esto terminaría mucho más rápido”.
Actualmente se espera un debate público, entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente de la República colombiana, Juan Manuel Santos, para que expongan sus argumentos para apoyar el “NO” u optar por el “SI”, respectivamente, antes del 26 de septiembre, fecha en que se firmará el acuerdo en Colombia.