En Argentina, un pago único solidario, el impuesto a las grandes fortunas, ayudaría a enfrentar los daños provocados por la crisis del coronavirus en el país, ya de por sí golpeado por la crisis económica.
El Político
Luego de que la Cámara de Diputados la aprobara el 18 de noviembre, la ley también pasó por la aprobación de la Cámara de Senadores el 4 de diciembre, con lo cual ya se puso en marcha.
La medida afecta a alrededor de 12.000 ciudadanos argentinos con un patrimonio de más de 200 millones de pesos (unos dos millones de euros); quienes deberán tributar hasta un 3,5 por ciento de su capital dentro del país, y hasta un 5,3 por ciento en el extranjero.
El gobierno de centro izquierda del presidente Alberto Fernández espera recaudar con este “Aporte Solidario y Extraordinario” aproximadamente el equivalente a tres mil millones de euros.
“Los contribuyentes están hartos”
La ley es criticada por la oposición. Por ejemplo, el senador Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), dijo: “Vivimos en un país con tasas impositivas récord, y sin embargo tenemos una pobreza récord”.
Lousteau pide que se manejen los recursos existentes y que se reduzcan los gastos estatales, en lugar de “crear siempre nuevos impuestos”.
De modo similar piensa el experto argentino en materia fiscal César Litvin, titular de la Cátedra de Teoría Técnica Impositiva de la Universidad de Buenos Aires: “Argentina necesita sin duda más recursos para limitar los inmensos perjuicios que surgieron a causa de la crisis del coronavirus. Pero la carga impositiva ya es de por sí muy alta, y los contribuyentes están hartos de llevar solos la carga de un aparato estatal demasiado inflado”, dijo a DW.
Al borde del abismo económico en Argentina
Pero Litvin no se refiere tanto al impuesto a las ganancias a las personas, que en Argentina es de un máximo del 35%, mientras en Alemania llega a un 45%; sino a la suma de los impuestos, que, con cerca de 170 impuestos nacionales, provinciales y locales”, así como con un impuesto a la propiedad privada, representan “una carga insostenible”. Y el Estado devuelve muy poco, dice.
A pesar de eso, el hecho de que, en lugar de aplicar un nuevo impuesto, al sector público le vendría bien una poda; no ayuda en esta situación de emergencia por el coronavirus, contrapone Christian Ambrosius, experto en América Latina.
Ya antes de la pandemia, Argentina estaba sumida en una grave crisis económico-financiera. El país está altamente endeudado, y en agosto de 2020 logró evitar, con grandes esfuerzos, su tercera bancarrota estatal en 20 años.
Una cuestión de solidaridad en Argentina
Además, Ambrosius hace referencia a otro factor importante: “Se debe considerar este impuesto también desde el punto de vista de la justicia social. La crisis del coronavirus ha afectado sobre todo a las capas más pobres de la población, justamente en los países de América Latina, dado que las personas que viven en la pobreza tienen menos posibilidades de protegerse, tanto en lo referente a su salud como en lo económico”.
En esa situación, pedirles a los 12.000 argentinos más ricos que hagan un aporte, es algo justificable.
Así también lo ven, evidentemente, los 20 millones de argentinos que, según el diario de masas “Clarín”, viven actualmente debajo de la línea de la pobreza, un 44,2% de la población de Argentina, el nivel más alto de los últimos 10 años, según ese periódico.
La izquierda exige impuesto del 0,7 %
Mientras Francia, Luxemburgo, España, Suiza y Noruega, según el Ministerio alemán de Finanzas, ya cuentan con un impuesto solidario general, es decir, regular, a la riqueza, Argentina es el único país que ha puesto en marcha un aporte único solidario en los últimos años.
Otros países también evalúan esa posibilidad, entre ellos, Chile, España y Alemania.
En Alemania, el partido La Izquierda, y también parte del Partido Socialdemócrata (SPD), exigen que los más ricos del país paguen un aporte único y solidario para solventar los costos adicionales que causa la pandemia.
La fracción de La Izquierda en el Parlamento y la Fundación Rosa Luxemburgo encargaron un estudio sobre el tema al Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW).
