Este mes la grave crisis que afecta a Chile cumple un mes, en medio de nuevas movilizaciones populares que ponen en cuestión la efectividad del pacto firmado por los principales partidos políticos para una posible reforma de la constitución heredada de la dictadura, según difundió ElMundo
El Político
La Plaza Italia de la capital chilena -el epicentro de las movilizaciones populares-, fue el punto de concentración para miles de personas que, por enésima vez, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.
Lo cierto es que las dudas sobre la aceptación del acuerdo político por parte de una población que ha demostrado su total hastío hacia el sistema vigente se acrecentaron el domingo cuando Beatriz Sánchez, la ex candidata del Frente Amplio, tuvo que abandonar las inmediaciones de la citada Plaza Italia bajo el abucheo de los congregados que no cesaban de gritar “vendidos” o “traidores”.
Un dato a considerar es que la alianza de izquierdas se ha mostrado especialmente crítica con el gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera pero algunos de sus integrantes apoyaron el acuerdo sobre la carta magna.
Piñera se dirigió a la nación el domingo en la noche y reconoció que “el desenlace final de esas cuatro semanas aún no está escrito. Aún nos falta un largo camino por recorrer”.
El mandatario chileno reconoció, en su primera intervención tras el acuerdo en torno al futuro de la constitución, que estudió -en medio de un nuevo rebrote de la violencia- la posibilidad de establecer una vez más el estado de excepción que ya decretó al inicio de la algarada y sacar al ejército a la calle. “Tuve que optar entre dos difíciles caminos: el camino de la fuerza o el camino de la paz. Optamos por el camino de la razón, para darle una oportunidad.. al diálogo”.
Piñera dijo que la actual crisis ha supuesto una auténtica catarsis para el estado latinoamericano: “Chile cambió, los chilenos cambiaron, el Gobierno cambió, todos hemos cambiado”, indicó Piñera, reconociendo que los reclamos de los manifestantes son “demandas justas y legítimas”.
Es de hacer notar que el presidente del país también asumió parte de las críticas dirigidas hacia la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las movilizaciones populares y reconoció que “hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos y delitos y no se respetaron los derechos de todos”.
Se cree que las palabras del mandatario se inscriben en la tónica que parece haber adoptado el oficialismo chileno que ahora no duda en admitir públicamente que el origen del estallido social que se ha registrado en el país no es otro que el sistema neoliberal que defendieron durante décadas.
Como se sabe, la clase política representada en el parlamento pretende acelerar las reformas legales incluidas en la llamada Agenda Social que presentó Piñera al inicio de la revuelta, y que planteaban un alza de las pensiones y del salario mínimo, el freno al coste de la tarifa eléctrica, ayudas para la adquisición de medicamentos, mayores impuestos a la élite económica y una reducción de los sueldos más altos de los cargos públicos y las dietas que reciben los legisladores. Los analistas políticos coinciden en que ésos son los principales reclamos de una población que exige decisiones inmediatas sobre cuestiones que afectan a su vida cotidiana.
No obstante, el ejecutivo que lidera Piñera se resiste a aceptar el incremento inmediato del 50% de las pensiones básicas que fue aprobado por el Congreso esta última semana como una medida de urgencia destinada a frenar la indignación popular.
La legisladora Ximena Ossandón, miembro del partido que lideró Piñera, dijo que “la calle está pidiendo esto.. la ciudadanía exige respuestas rápidas”.
Piñera, por su parte, no ha descartado de plano el citado aumento, aunque sí pidió que cualquier cambio en ese sentido se aplique con “gradualidad” para “evitar caer en los populismos y en la demagogia”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, consideró que ese alza “no es factible si somos irresponsables fiscalmente y pretendemos darlo todo de una, lo único que estamos logrando con eso es que no sea sostenible en el tiempo”.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago, los daños causados hasta ahora por los asaltos y saqueos de tiendas que se han sucedido en la capital superan ya los 900 millones de dólares. La Cámara Chilena de Construcción añadió que a esa cifra hay que sumar más de 4.500 millones de dólares en concepto de daños a la infraestructura del país -como la quema de decenas de estaciones del metro de Santiago- y pérdidas del sector privado.
Con información de: ElMundo
