La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenaron el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía militar en Brasil para “reprimir” las protestas que pidieron la dimisión del presidente Michel Temer.
“Instamos al Estado brasileño a redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y proteger el derecho a la manifestación pacífica”, dijo el representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado conjunto con la CIDH, que esta semana realiza su 162 periodo de sesiones en Buenos Aires.
Unas 50.000 personas salieron el pasado miércoles a las calles de Brasilia para pedir la renuncia de Temer, tras la divulgación la pasada semana de una grabación en la que supuestamente da el aval para la compra del silencio de un exdiputado federal preso.
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“La manifestación pacífica es una forma de participación propia de las sociedades democráticas, donde las personas pueden exigir sus derechos humanos y ejercer activamente sus derechos a la libertad de opinión y de expresión”, agregó Incalcaterra.
El texto difundido recalca que durante las manifestaciones contra Temer ocurrieron actos de violencia, que dejaron al menos siete detenidos y 49 heridos, algunos de ellos graves, y que la Policía Militar utilizó gases pimienta, lacrimógenos y balas de goma para reprimir la protesta.
Ante las protestas, el Gobierno emitió un decreto -revocado un día después- para autorizar el empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden, por lo que movilizó 1.200 miembros del ejército y 200 fusileros navales a los predios públicos.
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Por otro lado, los dos organismos expresaron también su “profunda preocupación” por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado brasileño en operaciones tanto en el marco del conflicto de tierras, como en el contexto de la remoción urbana de dependientes químicos usuarios de drogas ilícitas.
El documento señala que se ha recibido información “preocupante” sobre el uso recurrente de la violencia en el marco del conflicto agrario, en especial contra trabajadores sin tierra, como el que el el pasado 24 de mayo dejó como saldo diez personas muertas durante un desalojo violento realizado por policías y militares en una hacienda en el Estado de Pará.
La CIDH y la oficina para América del Sur del ACNUDH hicieron un llamado a las autoridades brasileñas a investigar estos hechos y otros actos de violencia.
Fuente: EFE
