El miércoles fue lanzado el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP) por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Se trata de un proyecto de 1.350 millones de dólares para responder a necesidades humanitarias de esta población en América Latina y el Caribe, según difundió VoaNoticias
El Político
Es de hacer notar que este valor casi duplica el planteado en 2019, pues a finales de 2018 se fijó una meta de 738 millones de dólares para atender a los inmigrantes venezolanos en América Latina.
Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de ACNUR-OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, señaló que esta cifra casi se duplica porque el número de personas sigue aumentando y porque “la precariedad de las personas que salen presentan mayores requisitos de protección”.
Algunos gobiernos, de acuerdo con la medida, han decidido plantear requisitos especiales de ingreso que antes no existían, “eso lo que ha hecho es multiplicar las vías ilegales, a través de las cuales la población, de todas maneras, sigue saliendo y sigue surcando por rutas diversas los caminos y rutas hacia países tan distantes como Chile y Argentina, pero en donde han encontrado, o bien por familiares que preexisten allá o bien por la apertura que diferentes poblaciones de acogida les han dado”.
Por ejemplo, se plantea a una población que se mueve y busca diferentes caminos para suplir sus carencias y, de esta manera, dijo Stein a la VOA, “tenemos que prever que esa población no va a regresar inmediatamente, aunque se diera una solución política mañana mismo”.
Hay que resaltar que el plan RMRP es una herramienta de coordinación y recaudación de fondos establecida e implementada por 137 organizaciones. Están trabajando en toda la región, con el objetivo de llegar a casi cuatro millones de personas, incluidos refugiados y migrantes venezolanos y comunidades de acogida, en 17 países.
Un punto importante es que el representante Especial Conjunto de ACNUR-OIM estima que, según varias crisis mundiales, las personas pueden tardar hasta dos años en retornar a sus país de origen, mientras tengan garantías de seguridad, tranquilidad y sustentos, razón que los lleva a tomar “previsiones para los próximos dos años, ciertamente para el año 2020”.
Explicó que el plan no va a funcionar como un fondo común, sino como una especie de índice organizado de necesidades: “No se trata de un gigantesco tanque de agua del que pueden surtirse todos los que lo necesiten; se trata de un esfuerzo de hacer como un inventario ordenado de necesidades para que los países y organizaciones cooperantes, de acuerdo a sus políticas de cooperación, puedan escoger en qué temas y en qué países van a orientar sus recursos”.
En ese sentido, los responsables del uso de esos recursos serán las propias comunidades receptoras o, en su caso, las autoridades gubernamentales, organizaciones -incluso religiosas- y otras comunidades pequeñas.
Stein expresó que la primera responsabilidad se basa en atender a la población migrante que, para 2020, podría llegar a 6,5 millones de personas, y quienes se encuentran en condiciones cada vez más precarias. Segundo, apoyar a los países receptores de esa migración, “que son las vecindades andinas fundamentalmente, pero que llegan a 16 países”.
Agregó que la comunidad internacional puede apoyar a estos estados con capacidades agotadas para responder al fenómeno y brindarles servicios tanto en emergencia humanitaria (albergue, comida, atención medica, educación) como en la etapa subsiguiente que es la integración socioeconómica.
Con información de: VoaNoticias
