Odebrecht es un gigante brasileño con tentáculos en 26 países, donde provee energía y agua, construye carreteras, aeropuertos y estadios y hasta fabrica submarinos. Pero fue la exportación de su modelo de corrupción que popularizó su nombre.
El grupo asumió ilícitos en al menos 12 países y enfrenta una multa potencial de 4.500 millones de dólares. La confesión de 77 de sus exejecutivos sirvió de base para una nueva tanda de pedidos de investigación contra políticos brasileños, formulados este martes en el marco de la “Operación Lava Jato”, que investiga el escándalo Petrobras.
Pero las actividades ilegales de Odebrecht van mucho más allá del esquema de sobornos a cambio de contratos en la petrolera estatal y golpea a dirigentes de varios países latinoamericanos y africanos.
Deltan Dallagnol, uno de los fiscales del caso, dijo que sumergirse en esa sofisticada maquinaria ilegal fue como “mirar al monstruo a los ojos”.
– Crisis –
Creada en 1944 en el estado de Bahia (nordeste) como una constructora civil, Odebrecht SA es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública. Su último balance, de 2015, mostró una facturación de 39.111 millones de dólares y un plantel de 128.426 empleados.
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Ese año marcó un punto de inflexión: el arresto por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y tercera generación de presidentes del grupo, condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel.
El escándalo obligó a reducir la plantilla -actualmente entre 75.000 y 80.000 empleados- y a redefinir su dirección. La familia fundadora se apartará del mando, ahora en manos de Newton de Souza, un veterano de la firma.
– La caja –
Tras resistir durante casi dos años a una lluvia de acusaciones, sin nuevos contratos con el Estado y con una deuda de 76.300 millones de reales (unos 24.530 millones de dólares), el grupo acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas.
Puso en venta activos por 12.000 millones de reales, de los cuales ya ejecutó 5.000 millones, y declaró que podía pagar 2.600 millones de dólares de la multa de 4.500 millones fijada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde cotiza su petroquímica Braskem, multada por su parte en unos 900 millones.
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El 17 de abril se conocerá si la penalidad total se reduce a 3.500 millones, a repartir entre Brasil (80%), Estados Unidos y Suiza.
“Una empresa no muere por algún error aquí y allá. Muere por falta de liquidez, sofocada por la falta de caja”, planteó su nuevo CEO.
La mayoría de las acusaciones están ligadas a su unidad de construcción, responsable por el 43,7% de sus ingresos. Su portafolio incluye obras en el parque olímpico de Rio; en el estadio Maracaná; en el puerto de Mariel, en Cuba; viviendas en Panamá; el aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela; el de Nacala, en Mozambique y la carretera Frand Parkway, en Texas.
Braskem, la sexta petroquímica mundial, es la otra joya. Controlada junto con Petrobras, es la única empresa de Odebrecht que cotiza en bolsa. Aporta 40% de la facturación y su último proyecto fue una petroquímica en México, que costó 5.200 millones de dólares.
– Escándalo –
El “modelo Odebrecht” de hacer negocios terminaría en un escándalo internacional.
En Perú desató un sismo: el equipo de abogados del Estado pidió investigar al presidente Pedro Pablo Kuczynski por posibles aportes a su campaña; produjo una orden de arresto contra el exmandatario Alejandro Toledo; una denuncia contra su sucesor, Alan García, y obligó a un tercer expresidente, Ollanta Humala, a negar haber recibido dinero sucio de la empresa.
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En Colombia, salpicó al mandatario Juan Manuel Santos y hasta al grupo guerrillero marxista FARC, que según la revista brasileña Veja le cobró “impuestos” durante 20 años para garantizar la seguridad de sus obras. Odebrecht lo negó oficialmente.
En Argentina alcanzó al jefe de la Inteligencia, Gustavo Arribas, y en Panamá a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
Ecuador, República Dominicana, Venezuela, México, Guatemala, Angola y Mozambique completan la lista donde admitió haber pagado sobornos por unos 788 millones de dólares, que le aportaron beneficios por 3.336 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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En Brasil, las sospechas rondan al presidente Michel Temer y se extienden a derecha e izquierda del arco político.
Su eventual colapso llevó al juez Sergio Moro, que envió a prisión al exCEO del grupo, a encender las alarmas.
“Se trata de una empresa que por su dimensión económica, con un patrimonio de miles de millones de dólares, tiene un papel relevante en la economía brasileña (…) Hasta es razonable, dentro del contexto, discutir su sobrevivencia, mediante mecanismos de compensación, para preservar la economía y los empleos”, escribió.
