Un nuevo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario. El Político inicia un análisis del documento de 168 páginas. En el cual se demuestra que hay suficientes indicios para que la Corte Penal Internacional (CPI) proceda a enjuiciar los implicados en presuntos delitos de lesa humanidad.
El Político
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron este miércoles (02.12.2020) un nuevo informe sobre Venezuela.
En el documento se ratifica que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. También se cuestiona a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.
Para elaborar su nuevo informe la OEA tomó como base el trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles.
Maduro acusado de nuevo
Sostiene la OEA que desde que la organización publicó su primer Informe en 2018, no ha dejado de aumentar la magnitud e intensidad de los presuntos crímenes de lesa humanidad que afectan a millones de venezolanos. Tanto directa como indirectamente.
El Régimen de Nicolás Maduro sigue imponiendo medidas represivas contra la disidencia y atacando a supuestos opositores. Para ello se vale de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, la crisis humanitaria, producto de las políticas deliberadas del Régimen, ya de por si grave cuando apareció el Informe de la OEA de 2018, se ha agudizado aún más. Se registran innumerables casos de víctimas y miles de muertes, y se extiende el espectro de la hambruna generalizada.
Entre tanto, el Régimen no sólo protege a los autores de esos desmanes contra cualquier responsabilidad real. Para premiar su lealtad, les concede frecuentes ascensos, sobre todo a los dirigentes de mayor rango, que son los principales culpables.
La Corte Penal en deuda
Una de las principales conclusiones del documento de la OEA es el cuestionamiento a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda por su inacción. Ya que comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018. En los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su “examen preliminar”.
En cambio, contraviniendo los objetivos declarados de su Oficina, de promover la prevención, la disuasión y advertir a los perpetradores, no ha actuado como lo ha hecho en otros casos.
A pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores.
Han transcurrido tres años
El examen preliminar de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la situación en Venezuela, parece estar lejos de llegar a una conclusión definitiva, a pesar de los casi tres años transcurridos. Este examen fue iniciado originalmente de motu proprio por la fiscalìa de la CPI en febrero de 2018 y refrendado en septiembre de 2018 por una remisión de la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú.
La Fiscalía recién ha concluido el examen preliminar de la segunda de las cuatro fases – en la que se evalúa si los crímenes caen dentro de la competencia de la Corte – y ha determinado que existe “fundamento de voluntad o incapacidad para hacerlo, y la gravedad”, es decir, está en la fase de determinar si los presuntos delitos son de suficiente gravedad para justificar nuevas acciones de la CPI.
Si se determina que la situación es admisible, la Fiscalía aún deberá completar la cuarta fase del examen preliminar, que se centra en si a la justicia le conviene abrir una investigación completa.
Cabe destacar que no se ha pedido a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, que presente en modo alguno conclusiones sobre denuncias concretas de crímenes de lesa humanidad ni que presente cargos específicos contra los presuntos responsables, sino simplemente que decida, al término de un proceso de casi tres años de duración, si dispone de “toda la información necesaria para hacer una determinación plenamente informada sobre si hay fundamento razonable para iniciar una investigación.
Fiscalía de la CPI debe actuar
La Fiscal tiene autoridad para tomar esa decisión de inmediato ya que ha recibido una remisión enviada por varios Estados Partes.
En vista del enorme volumen de información de fuentes fiables recibido por la Fiscalía en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, resulta inexplicable la demora de la Sra. Bensouda para simplemente iniciar una investigación oficial sobre esos crímenes.
En este informe se plantea que la Fiscal de la CPI, Sra. Fatou Bensouda, debería emitir una declaración sobre el deterioro de la situación en Venezuela, finalizar su examen preliminar de la situación, y anunciar que procederá a iniciar una investigación formal a la mayor brevedad.
En vista de la auto-remisión del Régimen a la CPI, que alega ser víctima de medidas coercitivas ilegales que han dado lugar a la comisión de crímenes de lesa humanidad, la Fiscal debería pedir acceso inmediato, completo y libre a Venezuela para reunir elementos de prueba con relación a los exámenes preliminares en curso.
Por otra parte, esa investigación debería incluir, además de los crímenes objeto de examen, el crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos y de todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde febrero de 2014.
Indiferente ante crímenes de lesa humanidad
Aunque se entiende y se reconoce que la Fiscalía debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo.
Como consecuencia, el Régimen se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad.
A continuación, se presenta un cuadro en el que se resume la magnitud e intensidad de los presuntos crímenes perpetrados a diario por el régimen:
Estimaciones más fiables de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela de 2014 a 20202
Asesinatos
18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.
Tortura
653 casos documentados de tortura. La cifra real es mucho mayor. Informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos.
Encarcelación y otra privación grave de la libertad física
15.501 detenciones arbitrarias
Otros actos inhumanos
Decenas de millones de personas padecen grandes sufrimientos o son objeto de un grave atentado contra su integridad física y su salud debido a la continua crisis humanitaria provocada por el Régimen. Como demuestran las estadísticas sobre malnutrición, hambre, enfermedades y falta de acceso al agua y a la atención sanitaria. La crisis también ha provocado la muerte prematura de al menos decenas de miles de personas.
Desaparición forzada de personas
724 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019.
Violación/Violencia sexual
En el Informe de la OEA de 2018 se denunciaron 192 casos de agresiones sexuales y violaciones de detenidos. Aunque es probable que el número real sea mayor debido a la falta de denuncias. Fuentes fidedignas han comunicado la existencia de una pauta continua de agresiones sexuales y violaciones contra los detenidos desde 2018.
Persecución
Cientos de miles, si no millones, de venezolanos son objeto de persecución como resultado de las políticas intencionadas y organizadas del Régimen para negar alimentos y atención sanitaria a sus opositores reales o imaginarios. Además, como señala el Informe de la OEA de 2018, “el crimen de persecución se encuentra presente en todos los crímenes presentados en este Informe”.
Cifras certificadas
Además del Informe de la OEA de 2018, la Fiscalía ha recibido numerosos informes de organizaciones multilaterales y ONG que corroboran esas cifras, en los que se llega a la conclusión de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y se insta a la Fiscalía a abrir una investigación sobre esos crímenes.
Fuente: Informe OEA
CONTINUARA: Contexto político de una crisis
