El fiscal chileno Carlos Gajardo calificó "inaceptable" la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de cerrar sin querellas las investigaciones por cohecho y fraude tributario vinculadas a pagos irregulares a políticos en los causas Penta y SQM.
"El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean", publicó Gajardo en su cuenta de Twitter, quien ha participado en la pesquisa de ambos casos.
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El SII optó por notificar multas a las empresas indagadas a raíz de los casos Penta y SQM, a las que las compañías pueden allanarse o bien discutir en los tribunales tributarios, pero cuyo efecto práctico es que no habrá una sanción penal.
Con ello, el organismo cierra la puerta al camino penal, algo que pedían los fiscales. La última querella del SII por estos casos es de hace casi un año, señaló el diario La Tercera, en una extensa nota difundida este domingo.
Entre las empresas que han recibido las actas de denuncia y que deben decidir si se allanan al pago o presentan sus descargos en los Tribunales Tributarios Aduaneros están BCI, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Corpbanca e Inversiones Caburga, entre otras.
En toda esta operación, según fuentes del SII, el Fisco lograría recaudar más de 1.000 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares) a través de multas que van desde el 50 % hasta el 300 % del perjuicio ocasionado por cada una de estas empresas que declararon de forma maliciosamente falsas boletas o facturas, incorporándolas a su contabilidad y rebajando así sus bases imponibles.
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La decisión también fue criticada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, pese a que el director del SII, Fernando Barraza, fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet.
El caso Penta comenzó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo, un banco de inversiones que manejó activos por más de 20.000 millones de dólares.
Varios de ellos estuvieron en prisión preventiva: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes eran dueños de Penta; Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014); e Iván Álvarez, un exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII).
En el marco de esa investigación se destaparon varios casos de financiación irregular de campañas políticas por parte de Penta con la participación de SQM, la mayor productora mundial de abonos químicos y litio.
Según los antecedentes de la investigación, Penta emitió boletas falsas a nombre de SQM para financiar campañas electorales, principalmente de políticos de derecha.
Fuente: EFE