Contempla la derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, y eliminación de la llamada ley mordaza
El Político
La investidura como presidente de Pedro Sánchez, del PSOE, podría darse entre el jueves y lunes de esta semana
Una tras otra las piezas del puzle necesarias para el éxito de la investidura van encajando. Tras la firma del acuerdo entre PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentarán a las cinco de la tarde en la Cámara baja el documento programático del futuro Gobierno, según apuntan PSOE y Unidas Podemos. Será el primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República.
El objetivo del PSOE era que Esquerra hubiese adelantado sus plazos internos y hubiese convocado este lunes a su máximo órgano, el Consell Nacional, en el que se ratificaría la abstención de los 13 diputados republicanos, fundamental para la investidura. A su vez, el PSOE habría convocado a su ejecutiva para ratificar los acuerdos con todos los partidos necesarios para que Sánchez sea investido. Pero ERC ha convocado a su ejecutiva esta tarde. Al final los socialistas han optado por aumentar la presión y presentarán el programa acordado con Unidas Podemos. Un gesto con el que esperan vencer los reparos de Esquerra a que la investidura se pudiese celebrar entre el 2 y el 5 de enero.
Otro factor que puede terminar acelerando el proceso es la resolución de la Abogacía del Estado, que pide que se permita al detenido Oriol Junqueras, del ERC ejercer como eurodiputado mientras no se suspenda su inmunidad.
Sánchez e Iglesias firmaron el preacuerdo del Gobierno progresista el 12 de noviembre. Apenas necesitaron un día y medio tras las elecciones del 10-N, en las que empeoraron sus resultados, para suscribir un pacto que fue imposible durante los meses anteriores y dejó para el recuerdo la investidura fallida de julio. El preacuerdo consta de 10 puntos entre los que destacaba la prioridad en políticas sociales con "equilibrio presupuestario" y fiscal. Y se planteaba el diálogo en Cataluña “siempre dentro de la Constitución”.
Impuestos a los ricos y reforma laboral
El diario español El País obtuvo el programa de gobierno de la coalición PSOE-Unidas Podemos.
Son 51 páginas cargadas de novedades que marcarán la próxima legislatura, y que estos partidos han denominado Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España, un documento con las líneas maestras pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, punto final a la llamada ley seguridad ciudadana (la denominada ley mordaza), fuerte subida del salario mínimo y, en fin, un claro acento social y feminista.
El programa de la coalición PSOE-Unidas Podemos pondrá punto final a unos meses de parón. Sánchez e Iglesias han afinado en las últimas semanas un texto que incluye una política económica continuista, marcada por la desaceleración que viene, con varias medidas de calado que se han hablado también con otros partidos para facilitar su tramitación.
El sello ortodoxo de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, convive en ese programa con las ambiciones de Podemos en impuestos, vivienda y gasto social. La medida estrella es la derogación de la reforma laboral, que va algo más allá de lo previsto. Y la subida de impuestos a los ricos, que había perdido fuelle en los últimos meses.
Los cambios del IRPF
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros: pagarán hasta el 27%, frente al 23% actual.
Además, se fijará un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se sitúa en el 18% para los bancos y las empresas de energía. Esas subidas son muy llamativas, con un gran impacto simbólico en un país que tiene uno de los índices de desigualdad más elevados de Europa. Pero lejos del "hachazo fiscal" que han denunciado partidos como Ciudadanos y el PP —que proponen rebajar "todos los impuestos" pese a que la presión fiscal española está muy por debajo de la media europea— afectan a menos del 1% de los contribuyentes y de las empresas.
El proyecto es un punto más ambicioso de lo que se preveía en el ámbito laboral. Y ofrece detalles suculentos de la nueva legislación, incluido el prometido Estatuto de los Trabajadores. El texto promete recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012″, aprobada por Mariano Rajoy. Con carácter urgente se derogará el despido por absentismo causado por bajas de enfermedad: Sánchez ha pactado ese avance con los sindicatos.
Se eliminarán las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos, y se derogarán asimismo la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En resumen: una derogación que va algo más allá de lo que parecía en principio, y que incluye “limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, para tratar de combatir uno de los grandes males del mercado de trabajo español: la precariedad y la temporalidad.
Se limitará también “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”. Los asuntos relativos a la contratación son quizá los más ambiciosos en esa área.
El texto abre la puerta a una fuerte subida del salario mínimo, hasta el 60% del salario medio durante la legislatura: eso supondría subidas hasta alcanzar los 1.200 euros. En pensiones también hay novedades: se elimina el factor de sostenibilidad (la fórmula que vincula las pensiones a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (que condiciona las subidas de pensiones a la marcha de la economía) previstos en la ley de 2013 "asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo". Podemos hace renuncias por ese flanco: el texto asume que la reforma debe hacerse en el Pacto de Toledo. El texto, además, propone crear un ingreso mínimo vital, una vieja aspiración de los partidos progresistas.
Acelerón político
La política española acelera a toda velocidad después de meses de insoportable parálisis. El dictamen de la Abogacía del Estado, con guiños a Esquerra Republicana y al Supremo, desbloquea de forma inminente la investidura, que podría irse finalmente al 7 de enero.
El PSOE ha presentado este mediodía el acuerdo con el PNV, los pactos con los regionalistas están listos y la abstención de ERC solo está pendiente de la convocatoria del Consell Nacional, el órgano que debe dar el sí oficial a la abstención de los independentistas. Los apoyos para Pedro Sánchez están ahí. Quedaba, quizá, lo más importante: el contenido del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, con las reformas previstas para la próxima legislatura.
Acuerdo PNV – PSOE para la investidura de Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, han firmado este lunes en el Congreso de los Diputados el acuerdo por el que los nacionalistas vascos votarán a favor de la investidura de Sánchez. Los seis diputados del partido nacionalista dirán sí a la investidura del candidato socialista, una confirmación que se produce después de asegurar que el nuevo Ejecutivo socialista va a dar cumplimiento con carácter prioritario a la ejecución del Estatuto.
Los dos Gobiernos pactaron el calendario todas las transferencias pendientes, con la excepción de la gestión económica de la Seguridad Social, que dejaron para un análisis posterior. Tras la firma, Ortuzar se ha mostrado confiado en que el acuerdo sirva "para favorecer el diálogo entre diferentes y para garantizar la estabilidad en las instituciones". "Pedro Sánchez se garantiza seis votos vitales y el PNV logra garantías para Euskadi", ha resumido.
El pacto entre socialistas y peneuvistas, de 12 puntos, recoge el compromiso de “proceder” en 2020 a la “negociación y traspaso” de las competencias estatutarias pendientes al País Vasco. Así mismo, en el plazo de seis meses se traspasarán las competencias de tráfico a Navarra, “con el mismo contenido y extensión” que las realizadas en su momento a Euskadi.
Otro punto destacable es el cuarto, según el que se impulsará “a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Para ello se acordarían “las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de País Vasco, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”.
La firma del acuerdo se produce en un momento en el que se ultiman las negociaciones entre el PSOE y ERC, pendientes los republicanos del informe de la Abogacía del Estado, dado a conocer este lunes y que pide al Supremo que permita a Junqueras ir al Parlamento Europeo a recoger su acta, y que podrían situar la sesión de investidura entre el 2 y 5 de enero.
Antes del encuentro fuentes de la dirección del PSOE apuntaban la posibilidad de que la firma con los nacionalistas vascos fuera el primer acto solemne de la jornada. Así ocurrió. El plato fuerte llegará horas por la tarde, con la presentación del acuerdo programático con Unidas Podemos. Los socialistas también le quieren dar todo el boato a los pactos con los partidos pequeños cuyo respaldo es fundamental para el éxito de la investidura. El respaldo de Más País, Compromís, los regionalistas cántabros del PRC y Nueva Canarias está asegurado. No obstante, el PSOE confía en obtener además el apoyo de Coalición Canaria, BNG y Teruel Existe.
El acuerdo con el PNV, al máximo nivel entre sus dos líderes, se produce antes de la reunión de la ejecutiva de Esquerra en la tarde de este lunes. Las presiones del PSOE durante el fin de semana para garantizarse la abstención de los 13 diputados republicanos se quedaron a medio camino: el objetivo de los socialistas era que ERC convocase este lunes a su máximo órgano, el Consell Nacional. En ese caso los socialistas habrían convocado al medio centenar de miembros del plenario de su dirección federal, donde se aprobarían los acuerdos con todos los socios de investidura (el comité federal, máximo órgano entre congresos, se convocaría en enero, ya con todo resuelto).
Pero Esquerra dejó claro este domingo que la reunión del Consell, "imprescindible para cerrar un posible acuerdo", no se celebrará antes de acabar el año. De esta manera, los plazos que manejaban en Ferraz para que el proceso de investidura arrancase el miércoles (2 de enero) para que saliese adelante el sábado día 5, se antojan casi imposibles. Los cálculos más lógicos invitan a que la investidura se retrase como mínimo a después del Día de Reyes, que coincide además con la Pascua Militar.
A la espera de cuál será el próximo movimiento de ERC, el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, cree que el acuerdo entre PNV y PSOE de cara a la investidura representa una "muy buena noticia" que "encarrila la situación de indefinición" en el Estado. El pasado noviembre, Ortuzar pidió a Sánchez que reeditase el pacto de la moción de censura y que acordara con Unidas Podemos y los partidos nacionalistas la investidura. El PNV pidió que el pacto se hiciera con rapidez y que se descartara la opción de la gran coalición entre PSOE y PP o la opción de intentar introducir a Ciudadanos. “Lo más sencillo y lo más lógico”, dijo Ortuzar, es que el dirigente socialista buscara los mismos apoyos para la investidura y para la gobernabilidad “con la fórmula que sea” porque ofrece “más garantías y lo otro llevaría al desastre”, dijo en Radio Euskadi.
Azpiazu ha recordado este lunes que la relación entre PNV y Partido Socialista está "bien anclada desde hace tiempo" y que de alguna manera es darle extensión en Madrid. "Estamos gobernando en Euskadi, en el Gobierno Vasco, en las diputaciones… Hay un acuerdo amplio para dar estabilidad a las instituciones y creo que darle estabilidad en Madrid también lo que hace es reforzar un poco un acuerdo que viene desde hace mucho", ha añadido.
Por otro lado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, también se mostró dispuesto en las últimas semanas a arrimar el hombro para que Sánchez supere la investidura primero y consolide después un Gobierno estable entre el PSOE y Unidas Podemos después. En una respuesta parlamentaria al portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, durante un pleno de control del Parlamento vasco, Urkullu mostró su "absoluta disposición" a impulsar un Gobierno que dé “respuesta a los retos económicos, sociales, territoriales y políticos”. Para Urkullu la coalición de los partidos de izquierdas es "una oportunidad que hay que aprovechar", y destacó que ha surgido fruto de principios que tienen que inspirar la acción política, como el diálogo y el acuerdo. "No hay tiempo que perder. Nuestra disposición, del Gobierno vasco, en ese sentido también es absoluta", reiteró.
Según el editorial del diario AbC “En cuestión de días, la conformación de un nuevo Gobierno será un hecho. Será el primer Ejecutivo de coalición en democracia, con un partido de extrema izquierda insertado en la estructura de poder del Estado, y con mando en plaza en La Moncloa. Además, estará sostenido por partidos independentistas como el PNV y ERC, este último con varios líderes cumpliendo condena en prisión por sedición o huidos de la Justicia. De ellos va a depender la gobernabilidad en los próximos años, porque el PSOE se ha decantado por un abandono radical del bloque de partidos constitucionalistas, y porque el ala soberanista se ha adueñado de sus siglas ante el silencio cómplice de sus «barones».”
Pedro Sánchez ha optado por convertirse en rehén de partidos que pretenden la destrucción del concepto constitucional de nación que España se concedió en 1978, y ha desechado cualquier alternativa de acuerdo con el PP, Ciudadanos o Vox. Estos tres partidos tienen buena parte de la culpa de lo que ocurra en la legislatura que comienza dada su incapacidad para haber logrado acuerdos previos a las elecciones y concurrir en listas conjuntas que habrían permitido al centro-derecha una mayoría solvente de gobierno, según el opositor editorial
En cierto modo, la fragmentación política y sociológica en la derecha es la responsable de que Sánchez haya fraguado un gobierno minoritario in extremis que utilizará para sentar las bases de una fractura irreversible del constitucionalismo.”
(Con información de El País.ABC)