Amnistía Internacional (AI) informó que en 2016 se produjo en Perú un “notable incremento de la violencia y la desprotección” contra los grupos marginados, las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas y la comunidad LGTBI.
Redacción El Político
AI señala que en 2016 en Perú, donde en junio fue elegido presidente Pedro Pablo Kuczynski, los defensores de los derechos humanos siguieron sufriendo “hostigamiento, amenazas y agresiones en el contexto de las protestas sociales”, sobre todo las relacionadas con cuestiones de tierra, territorios y medio ambiente, reseñó Efe.
“La policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluso de armas letales, para reprimir las protestas”, afirma la organización pro derechos humanos en su Informe Anual 2016.
Sin embargo, no avanzaron las investigaciones al respecto, ni se había procesado a ningún funcionario por esas causas.
Asimismo, AI incide en las denuncias hechas por los líderes de pueblos indígenas de constantes actividades de tala ilegal o de contaminación del agua en su territorio, sobre todo en áreas de la cuenca amazónica.
AI destaca que “hubo algunos avances” en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el denominado “conflicto armado interno” y que abarca el periodo 1980-2000.
Lea también: Exministros del Interior de Humala son citados por la Comisión de Defensa peruana
Por el contrario, “la violencia contra las mujeres y las niñas siguió siendo recurrente” en 2016 y, subraya la organización, 108 mujeres murieron a manos de sus parejas y se registraron 222 intentos de asesinato de mujeres y niñas.
La mayoría de los casos “no se investigaron o concluyeron con la imposición de penas condicionales de prisión”, indica AI.
La explotación sexual contra la mujer es otro de los puntos destacados del capítulo dedicado a Perú en el Informe de AI.
El 80 por ciento de las víctimas de trata de personas eran mujeres, señala la organización, que precisa que el 56 por ciento eran menores de 18 años.
Por otro lado, AI se hace eco de los informes de diversas ONGs que destacan que en 2016 se registraron 43 casos de “riesgo para la seguridad personal”, como amenazas e intimidación, sufridos por miembros de la comunidad LGTBI, ocho de cuyos miembros fueron asesinados.
