Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país. La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.
La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacional y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.
La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).
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Descubrieron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares (de lo que se informa por separado).
En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería.
Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.
