Un juez de Argentina dispuso el pasado viernes el sobreseimiento de los directivos de los diarios Clarín y La Nación, entre otras personas, por la presunta apropiación ilícita durante la última dictadura (1976-1983) de Papel Prensa, la única fabricante de papel para periódicos del país, informaron fuentes jurídicas.
El juez federal Julián Ercolini emitió una resolución, publicada en el Centro de Información Judicial, en la que sobresee al director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al expresidente de La Nación Bartolomé Mitre.
También a Guillermo Juan Gainza Paz, presunto intermediario entre los diarios y el grupo Graiver, y al exsecretario de Desarrollo Industrial de la dictadura Raymundo Pío Podestá.
Según el dictamen, no existen «elementos objetivos, imparciales» y que «de modo unívoco» puedan llevar a considerar, «cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad», que la venta de las acciones de Papel Prensa, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de «delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar».
La Justicia investigaba si la familia Graiver fue obligada a vender en 1976, bajo amenaza, la fabricante de papel de diarios fundada cuatro años antes a Clarín, La Nación y La Razón -únicos accionistas hasta 2000 de Papel Prensa-.
Tras la muerte de David Graiver, el dueño original de Papel Prensa, en un accidente aéreo, en agosto de 1976, tanto su viuda, Lidia Papaleo, como varios de sus familiares y de socios del grupo empresarial Graiver fueron hostigados hasta que vendieron las acciones de Papel Prensa (PPSA), según la denuncia que originó el proceso.
La operación de venta se hizo en noviembre de ese año y en marzo siguiente Papaleo fue secuestrada por la dictadura, torturada y condenada a cinco años de prisión por supuesta complicidad del Grupo Graiver con la guerrilla de Montoneros, formada en los años 70 por sectores de izquierda y nacionalistas del Partido Justicialista (peronista).
«No se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de PPSA» y los mencionados hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas», explicó Ercolini.
«Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros», añade.
En su resolución, el magistrado remarca que no se ha probado una «relación causal» entre los «gravísimos delitos» declarados de lesa humanidad sufridos por los integrantes y allegados al Grupo y la venta de la empresa.
«Corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido», afirma, para añadir que «ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver.»
Ya en marzo de 2015, Ercolini rechazó el pedido de un fiscal para que se indagase a los directivos de esos medios, a quienes el procurador Leonel Gómez Barbella acusaba de presunta «extorsión y persecución por motivos religiosos y políticos» contra el grupo Graiver.
Con información de EFE
