El exmandatario venezolano Nicolás Maduro enfrenta un nuevo frente judicial en Estados Unidos. Luego de que familiares de cinco jóvenes asesinados en Caracas interpusieran una demanda civil en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, Nueva York.
Redacción El Político
La acción legal, presentada el martes por la organización jurídica internacional sin fines de lucro Centro Guernica 37, acusa directamente al exjefe de Estado venezolano de haber autorizado una campaña de ejecuciones extrajudiciales ejecutada por las fuerzas de seguridad del país caribeño.
Los demandantes, integrados por tres madres, un padre y una mujer que perdió a sus dos hermanos, gestionaron el recurso legal bajo estrictos seudónimos para resguardar su integridad física ante eventuales represalias, destacó una nota de The New York Times.
En el documento se señala la impunidad imperante en los tribunales venezolanos como el motivo principal para recurrir a los mecanismos de justicia transnacional en territorio norteamericano.
G37 Centre, with co-counsel @McDermottLaw, has filed a TVPA civil lawsuit in the U.S. District Court for the Eastern District of New York against former Venezuelan President Nicolás Maduro, on behalf of five families whose loved ones were killed by FAES.https://t.co/hKcTp780Gj
— G37 Centre (@G37Centre) July 1, 2026
Ley de Protección a las Víctimas de Tortura
El litigio civil se fundamenta jurídicamente en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura. Un estatuto federal promulgado en el año 1991. El cual faculta a los ciudadanos extranjeros a interponer demandas de resarcimiento económico ante las cortes de Estados Unidos.
Este proceso se puede emprender en contra de personas acusadas de cometer actos de tortura o ejecuciones sumarias en el ejercicio de funciones oficiales en el exterior.
Esta nueva ofensiva legal coincide con el presidio de Nicolás Maduro en una cárcel federal de Nueva York. Adonde fue trasladado tras su detención en enero por parte de fuerzas militares estadounidenses bajo cargos criminales vinculados al narcotráfico internacional.
El equipo de abogados demandantes, coliderado por los juristas Michael Reed Hurtado y Almudena Bernabeu, detalló que la demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios punitivos y compensatorios.
Se fundamentan en la doctrina de responsabilidad de mando. La cual establece la culpabilidad civil del líder político sobre las campañas militarizadas globales independientemente de si ordenó o no los tiroteos específicos documentados en el expediente.
Las pruebas contra Nicolás Maduro
Los hechos materiales consignados en la demanda se concentran en las incursiones armadas ocurridas entre los años 2017 y 2020. Una operación bajo el despliegue de la denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo.
Una iniciativa de seguridad ciudadana que posteriormente fue institucionalizada bajo las siglas de las Fuerzas de Acciones Especiales, conocidas formalmente como el FAES.
El documento legal estima que al menos 1.300 personas fueron asesinadas por este cuerpo de élite en barriadas populares. Una métrica que se alinea con los informes técnicos presentados en su momento por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La estrategia de la defensa de Maduro, coordinada por el abogado estadounidense Barry Pollack, previsiblemente se centrará en apelar al principio de inmunidad de jefe de Estado ante el tribunal de Brooklyn. Esto con el objetivo de intentar desestimar las reclamaciones de los familiares.
No obstante, el equipo legal del Centro Guernica 37 argumenta que existen precedentes donde la justicia norteamericana ha procedido civilmente contra exmandatarios extranjeros.
Recordaron la condena de 10 millones de dólares impuesta en Fort Lauderdale contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Confían en que el estatus procesal actual del demandado y las evidencias de violaciones a DDHH permitan consolidar un juicio histórico en Nueva York.
