Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos parecía dispuesto el miércoles a impedir que la administración del presidente Donald Trump retirara a casi 350 000 inmigrantes venezolanos la protección contra la deportación, y uno de los jueces destacó los comentarios «posiblemente racistas» del presidente republicano y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Por Reuters – Traducción por El Político
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en Pasadena (California), escuchó los argumentos de la apelación del Gobierno contra una sentencia de marzo que bloqueó la cancelación del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, a la espera de una impugnación por parte del grupo de defensa National TPS Alliance.
En mayo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suspendió la sentencia del juez federal Edward Chen, de San Francisco, a la espera de la apelación ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito. Es probable que la administración Trump apele inmediatamente ante el Tribunal Supremo cualquier sentencia del Noveno Circuito en su contra.
El TPS es un programa humanitario que permite a las personas vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos debido a condiciones inseguras en sus países de origen, como conflictos armados o desastres medioambientales. La administración del expresidente demócrata Joe Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en 2021, alegando los altos niveles de delincuencia debidos a la inestabilidad política y económica.
El miércoles, los tres jueces del panel del Noveno Circuito expresaron su preocupación por la forma en que Noem eliminó abruptamente el estatus TPS para los venezolanos pocos días después de asumir el cargo en enero, y solo dos semanas después de que la administración Biden hubiera prorrogado el programa hasta octubre de 2026.
«¿Cómo es posible que las condiciones del país hayan cambiado tan drásticamente en ese periodo de dos semanas y que la revisión por parte de la nueva administración se haya llevado a cabo tan rápidamente?», preguntó la jueza del Tribunal de Apelación Kim McLane Wardlaw, nombrada por el presidente demócrata Bill Clinton, a Drew Ensign, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Ensign se refirió a los comentarios de Noem de que el razonamiento de la administración Biden para prorrogar el programa era «débil e insuficientemente desarrollado» y violaba los requisitos legales del programa TPS.
«Las agencias tienen la autoridad inherente para reconsiderar las decisiones siempre que se haga de manera oportuna», dijo Ensign.
El juez de circuito Anthony Johnstone respondió que si la política de la era Biden era legalmente defectuosa, podría ser impugnada en los tribunales.
«Si se trata de una cuestión legal, que se ocupen de ella los abogados», dijo Johnstone, nombrado por Biden. «Pero lo que no se puede hacer es disfrazarlo como una razón política cuando no hay otra autorización para hacerlo».
Y el juez de circuito Salvador Mendoza, también nombrado por Biden, cuestionó si la decisión estaba motivada por animadversión racial. Señaló los comentarios de Noem y Trump, que según él «podrían considerarse racistas», en los que afirmaban que Venezuela había enviado intencionadamente a personas a Estados Unidos desde prisiones e instituciones psiquiátricas, y los comentarios de Noem en una entrevista televisiva en los que calificaba a los inmigrantes venezolanos de «basura».
Chen, en su fallo de marzo, citó los mismos comentarios al concluir que la decisión de cancelar las protecciones del TPS para los venezolanos «huele a racismo».
Ensign dijo el miércoles que la mayoría de los comentarios se hicieron antes de que Trump y Noem asumieran el cargo en enero, por lo que no eran lo suficientemente recientes como para influir en la decisión de eliminar el TPS, y que Noem solo se había referido a los miembros de las pandillas venezolanas como «basura».
Ahilan Arulanantham, representante de la Alianza TPS, dijo al panel que la ley federal que creó el programa TPS no permite revisar las decisiones una vez tomadas, salvo para corregir errores tipográficos o fácticos menores.
«Este programa se diseñó para proporcionar estabilidad y cierta seguridad a los refugiados», afirmó.
En 2021 se concedió el estatus TPS a unos 250 000 venezolanos y en 2023 a otros 348 000. La sentencia de Chen solo se aplica al segundo grupo, ya que su estatus expiraba en abril. Los demás beneficiarios podrían perder su estatus legal y las prestaciones asociadas en septiembre si el cambio de política supera los recursos judiciales.
Se han presentado al menos otras cuatro demandas contra la decisión de Noem de poner fin a las protecciones del TPS para venezolanos y haitianos.
El caso es National TPS Alliance contra Noem, Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, n.º 25-2120.
Por los demandantes: Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de la UCLA.
Por el Gobierno: Drew Ensign, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
