Un juez federal dictaminó este miércoles que un grupo de migrantes venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador debe tener la oportunidad de impugnar su expulsión, tras haber sido identificados como presuntos miembros de pandillas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por la Administración Trump.
El fallo, emitido por el juez James Boasberg, presidente del Tribunal de Distrito de EEUU, ordena al Gobierno presentar en un plazo de siete días un plan que garantice el derecho al debido proceso para los migrantes afectados. Boasberg reconoció que el caso involucra consideraciones diplomáticas y de seguridad nacional, pero subrayó que el Ejecutivo debe «ofrecer una solución que repare el daño causado», en línea con obligaciones constitucionales.
Medida excepcional en un contexto de seguridad
La decisión judicial se produce luego de varias demandas tras la activación de una ley histórica de 1798, utilizada anteriormente solo en tiempos de guerra. En este caso, la Administración Trump aplicó la norma para responder con firmeza a amenazas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, grupo delictivo de origen venezolano con creciente presencia en la región.
Según los argumentos del Gobierno, los migrantes fueron identificados como miembros o colaboradores de dicha banda, lo que justificó su expulsión inmediata y su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La Administración también ha señalado que no está en posición de repatriarlos, dado que el presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha negado públicamente a recibir a personas detenidas por error o a devolver a individuos bajo custodia de sus autoridades.
