El mismo país que asesina a mujeres por no hacer uso correcto del velo islámico asumirá, este viernes, la Presidencia del Foro Social de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Político
Irán, un Estado cuestionado por su irrespeto a las garantías fundamentales, quedará al frente del grupo, tras el culmen de la jornada que, por dos días, reunirá a los países que hacen vida en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La noticia ha sido comunicada por UN Watch, un colectivo dedicado a la supervisión del trabajo que realiza Naciones Unidas. Desde allí, han pedido no lavarle la cara a la nación persa.
“Abandonen la sala mañana, cuando la República Islámica de Irán asuma la Presidencia del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, instaron desde UN Watch.
We are now calling on all countries to walk out of the room tomorrow when the Islamic Republic of Iran becomes Chair of the United Nations Human Rights Council Social Forum.
— UN Watch (@UNWatch) November 1, 2023
Para los representantes de la ONG, Irán es una nación que “golpea, ciega, tortura y viola a mujeres por exigir sus derechos”. Con tal afirmación, UN Watch pone el resaltador sobre los casos de Armita Gevarand y Mahsa Amini.
Con aproximadamente un año de diferencia, las mujeres corrieron la misma suerte. Ambas terminaron apresadas por la polémica Policía de la Moral de Irán. Su delito, según las autoridades persas, radicó en rehusarse a utilizar el hiyab.
Tanto Gevarand como Amini murieron luego de sufrir agresiones que, al parecer, fueron proferidas mientras se encontraban bajo custodia. Para castigar el uso incorrecto (o desuso) del velo, los funcionarios habrían empleado una fuerza descomunal.
Aunque sobresalen por su crudeza, incidentes como los de Armita Gevarand o Mahsa Amini no son una novedad dentro de la República Islámica.
De acuerdo con la propia Organización de Naciones Unidas, el país suele apresar y torturar a la disidencia, sobre todo si ésta se encuentra conformada por mujeres o niñas.
En Irán, quienes manifiesten contra el Gobierno también corren el riesgo de ser ejecutados.
A mediados de este año, la Misión Internacional Independiente de Investigación y Verificación de los Hechos de la ONU denunció que “desde noviembre de 2022, al menos 26 personas han sido condenadas a muerte en relación con las protestas”.
La misma Misión agregó que muchas de las sentencias fueron emitidas tras juicios sumarios, que se caracterizaron por la transgresión del principio de presunción de inocencia y por las irregularidades procedimentales.
