Tras una década sin ejecuciones por inyección letal, las autoridades de Carolina del Sur retomarán esa práctica.
El Político
Durante el día martes, la oficina del gobernador Henry McMaster comunicó a la Corte Suprema estadal la reinstauración de tal pena de muerte.
En 2013, Carolina del Sur tuvo que suspender ejecución de criminales, a través de la administración de inyecciones letales.
En aquel momento, el fármaco que era empleado administrado a los delincuentes había superado su fecha de caducidad.
Durante 10 años, los laboratorios que fabrican la sustancia letal se negaron a proporcionarla.
Las farmacéuticas, que estaban obligadas a aparecer en un registro público, temían un declive en su reputación.
El inconveniente se zanjó en mayo de este año, cuando el gobernador McMaster refrendó una resolución que protege a los proveedores de fármacos para inyecciones letales.
La norma, aprobada por la Asamblea General de Carolina del Sur, también resguarda la privacidad de las personas involucradas en los procesos de sentencias de muerte.
Según Henry McMaster, la retoma de las ejecuciones a través de inyecciones letales permitirán, a las familias de las víctimas, tener el “cierre que, por derecho, se merecen”.
