Este lunes 21 de noviembre inicia en EEUU el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.
El Político
El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, en su cuenta en Twitter reveló que los testigos del juicio están Alejandro Andrade y Alejandro Zingg.
Andrade fue liberado tras la reducción del 65% de su condena original de diez años de prisión en Estados Unidos.
El «Tuerto» Andrade se había declarado culpable y fue condenado en octubre 2018 por haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.
Witness list for upcoming trial of ex Venezuela Treasurer (and Hugo Chavez's nurse) Claudia Diaz.
Star witness appears to be Alejandro Andrade, who preceded Diaz as Treasurer and was released after serving less than half of a 10-year sentence for money laundering. pic.twitter.com/Xl92XRlysL
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 18, 2022
Más testigos
En el caso de Zingg, es un empresario venezolano que fue relacionado con Andrade y la «enfermera» de Chávez, acusada de tres delitos relacionados con lavado de dinero.
Díaz y Velásquez Figueroa fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales.
En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
Claudia Díaz, tesorera de Venezuela
Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad.
Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.
Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país.
Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría «peligro su integridad», un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó por ver en este giro «una decisión política, motivada por el apoyo brindado por el Gobierno español» a la oposición.
