Había tardado mucho en responder el régimen teocrático iraní, las acusaciones de la justicia argentina en cuanto a los vínculos terroristas de la tripulación del Boeing 747-200 de Emtrasur, detenido en el aeropuerto de Ezeiza.
Mario Augusto Beroes Ríos/El Político
El gobierno persa convocó al encargados de negocios argentino para pedir el levantamiento «inmediato» de las restricciones de salida de cinco tripulantes iraníes de un avión incautado por ese país.
Junto a los tripulantes iraníes, con vínculos comprobados con el Cuerpo de Guardias Revolucionarias Islámicas de Irán (Quds), también están detenidos 14 venezolanos, identificados plenamente con el régimen dictatorial venezolano.
«Grave preocupación»
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní transmitió al diplomático argentino «la grave preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la continua incautación de sus documentos de viaje y la restricción de su salida del país», según detalla el comunicado de la cancillería persa.
Para Irán, el bloqueo de la salida del quinteto de tripulantes constituye una «violación de los derechos humanos».
«Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades para levantar las restricciones y facilitar la salida inmediata de los cinco tripulantes iraníes».
Piloto imputado
Ya es un hecho que la fiscal Cecilia Incardona solicitó investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con actos de terrorismo.
De la misma manera, la magistrado imputó al resto de los tripulantes de la aeronave de bandera venezolana, retenido en el aeropuerto de Ezeiza, según informa la prensa argentina.
“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.
“Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.
Paraguay y el FBI aportan pruebas concluyentes
Tanto la fiscal Incardona, como el juez del caso, Federico Villena han recibido material y «pruebas muy evidentes» de los vínculos de los iraníes con grupos terroristas que hacen vida en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.
El FBI aportó datos al juez Villena, quien solicitó el apoyo a la policía federal estadounidense, que confirman los vínculos de Gholamreza Ghasemi, piloto del avión de Emtrasur con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah.
También participan cuerpos de seguridad del Paraguay y del estado de Israel
Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado.
El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes.
Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente en el caso de los 14 tripulantes venezolanos.
También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.
Por su parte, Esteban Aquino, ministro de Inteligencia y Seguridad del Paraguay, puso en duda la identidad del copiloto.
Aquino fue uno de los primeros funcionarios en dar a conocer sus sospechas sobre el vuelo que llegó a la Argentina el lunes 6 de junio y sus ocupantes.
Gracias a las investigaciones realizadas por su agencia, se pudo determinar que el capitán Gholamreza Ghasemi es CEO de Qeshm Fair Air, una aerolínea que tuvo participación directa en diversas actividades terroristas, y no un “homónimo” como se sospechaba en la Argentina.
Emtrasur
El avión pertenece a Emtrasur, filial de la venezolana Conviasa, que está sometida a sanciones de Estados Unidos. Conviasa compró el avión a Mahan Air, de Teherán, el año 2021.
Estados Unidos ha acusado a Mahan Air de tener vínculos con el Cuerpo de Guardias Revolucionarias Islámicas de Irán, que Washington ha designado como organización terrorista.
En junio, el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que el avión había sido inmovilizado debido únicamente a las dificultades de abastecimiento de combustible relacionadas con las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, y no por ningún supuesto vínculo con la IRGC de Irán.
El avión llegó a Argentina procedente de México el 6 de junio, e intentó volar a Uruguay dos días después, donde se le denegó la entrada.
El Ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, dijo que su país había recibido una «advertencia formal de la inteligencia paraguaya».
El avión regresó entonces a Argentina, donde permanece incautado desde entonces.
