Mientras que el gobierno de los Estados Unidos se está moviendo hacia una política de cambio de régimen en Venezuela, sus acciones pueden simplemente conducir a un enfrentamiento prolongado. En el Senado de los EEUU, los legisladores están trabajando en un proyecto de ley que codifica en gran parte lo que ya existe en la política, pero la medida también podría conducir a una pérdida del poder político y económico para los gobernantes de Venezuela, así como a los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Si bien la aprobación del proyecto de ley sería significativa, sus estipulaciones hacen que una solución negociada al estancamiento político de Venezuela sea altamente improbable. El gobierno actual no aceptará hablar bajo las condiciones del proyecto de ley y, en cambio, se aferrará cada vez más ferozmente al poder.
El panorama
La crisis de Venezuela se ha extendido más allá de sus fronteras. Con una economía que se está desmoronando rápidamente, decenas de miles de sus ciudadanos abandonan Venezuela cada mes. Por temor a ser encarcelados, las élites políticas de Venezuela han marginado a la oposición y han reprimido los signos de disidencia dentro de las Fuerzas Armadas. En Washington, el empeoramiento de las condiciones está elevando la prioridad de Venezuela en la lista de tareas pendientes de la administración Trump. Sin embargo, hay pocas opciones efectivas para que la administración presione a Venezuela por un cambio político, y la intervención militar sigue siendo muy poco probable.
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Un enfoque
El proyecto de ley, patrocinado por 11 senadores, incluido el senador republicano Marco Rubio de Florida y el senador demócrata Robert Menéndez de Nueva Jersey, refleja la realidad política entre Venezuela y los Estados Unidos.
Las relaciones entre los dos países se han reducido hasta el punto de que la eliminación del gobierno de Venezuela ahora se discute abiertamente entre los responsables políticos de Washington.
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El proyecto de ley pide a Venezuela que prosiga con negociaciones creíbles para un sistema político justo con elecciones libres, que ha sido la política de los EEUU desde que el gobierno del presidente Nicolas Maduro se negó a reconocer a la legislatura de la oposición electa en 2016. El proyecto de ley también exige que Estados Unidos se involucre en la reconstrucción económica de Venezuela, desde coordinar préstamos multilaterales hasta coordinar el alivio de la deuda junto con prestamistas importantes a Caracas, incluidas las instituciones financieras chinas.
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