Diversas reacciones genera en las empresas el proyecto de Ley de Incentivos Tributarios que tramita la Asamblea con carácter de económico urgente.
La propuesta establece la deducción de los pagos de seguros médicos o medicina prepagada en el impuesto a la renta.
El beneficio para las micro y pequeñas empresas es del 100%; para medianas y grandes, del 50%. Esto siempre y cuando la empresa cubra ese beneficio para toda la nómina.
El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, dice que las 40 compañías de seguros médicos y medicina prepagada socias de su gremio creen que si bien es un beneficio para las empresas y sus trabajadores poder deducir el 100% adicional en el pago del impuesto, no tendrán una mayor afiliación.
Explica que esto se debe a que muchos negocios no están obteniendo ganancias, o son muy bajas, teniendo muy poco que deducir: “Esto hubiese sido una buena medida si se la hubiera aplicado cuando la economía estaba en crecimiento”.
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Agrega que el sector productivo espera medidas con mayor alcance y eficacia, como una real reducción de impuestos, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y al de la salida de divisas (ISD).
Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, considera que les resultaría más conveniente a las pequeñas y medianas empresas cancelar lo correspondiente al IR en lugar de optar por pagar un seguro médico privado a sus trabajadores, pues dice que lo que cuesta y proporciona el IESS es “casi regalado” en comparación con cualquier opción privada.
“Actualmente el seguro de salud (público) corresponde en costo el 5,74% de la remuneración mensual”. Y sugiere que el Gobierno se enfoque en mejorar la atención del IESS.
El proyecto además incluye dos beneficios para el sector transportista: la exoneración del impuesto a los vehículos para los que sean propiedad de operadoras de transporte público de pasajeros y taxis; y que las operadoras de transporte no considerarán en el cálculo del anticipo del IR el valor de las unidades.
Para Ricardo Onofre, exdirigente gremial y actual gerente de la cooperativa Transur 3, que agremia a 100 socios en Guayaquil, el beneficio es moderado.
En el caso de Transur 3 calcula que el beneficio le representaría a la empresa dejar de pagar cerca de $ 20 mil al año. “Es un beneficio que tampoco es la panacea, ¿por qué no se hizo esto diez años atrás?”.
Cree que la propuesta del Gobierno está basada en criterios políticos.
Con información de El Universo
