La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves la nueva «Ley contra el odio» aprobada en Venezuela al calificarla como ambigua y una «coartada» del presidente Nicolás Maduro para acabar con la ya «debilitada libertad de expresión».
La iniciativa «criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión», aseguró el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
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La SIP precisó que la ley castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por «incitación al odio», condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el Gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
«La novedad peligrosa de esta ley es que permite al Gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales», manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Recordó que esa pelea hasta ahora «estaba más enfocada» contra la oposición política, los periodistas y medios independientes.
La organización, con sede en Miami, lamentó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles amenaza con el cierre a medios y la «ilegalización a partidos políticos que promuevan el fascismo».
El régimen «sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo», expresó Mohme.
La medida establece encarcelamiento de 10 a 20 años a «quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político».
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La ley además prevé la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.
La polémica ley fue solicitada por Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y que dejaron más de 120 muertos.
Con información de EFE
