La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó hoy que el Estado ecuatoriano no haya asistido a ninguna de las dos audiencias de su 163 período de sesiones, celebrado en Lima, en las que estaba citado.
La segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó en conferencia de prensa que el objetivo de las audiencias es que la Comisión pueda recoger «de viva voz» la posición de los peticionarios y del Estado.
De esa forma nos podemos nutrir con la información que requerimos para evaluar los puntos presentados. Lamentamos que Ecuador no haya estado presente, y hacemos el llamado para destacar lo importante que esto tiene para la comisión», dijo Arosemena de Troitiño.
Las dos audiencias centradas en Ecuador estaban dedicadas a las denuncias de violencia y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y a las industrias extractivas y el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas.
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En la primera, el presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), Francisco Zambrano, reclamó que la CIDH realice una visita al exlegislador opositor Galo Lara, condenado a diez años de prisión por su complicidad en un triple crimen ocurrido en 2011.
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Zambrano aseguró a Efe que la visita de la CIDH a Lara es necesaria para comprobar sus condiciones carcelarias y solicitar que se le otorgue un indulto o un arresto domiciliario, ya que afirmó que es un perseguido político del Gobierno del expresidente Rafael Correa.
Según el presidente de Cedhus, Lara fue perseguido por revelar la corrupción de la compañía brasileña Odebrecht en Ecuador y advirtió que podría morir en prisión porque padece diabetes e hipertensión.
La misma ONG también trasladó a la CIDH la demanda de un grupo de trabajadores que piden una indemnización por su despido de la empresa estatal Petroecuador y el caso de Carlos «Charlie» Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum, detenidos en mayo por su presunta implicación en el caso de corrupción de Petroecuador.
En la segunda audiencia, un grupo de líderes indígenas y de organizaciones relataron a la CIDH que el Gobierno ecuatoriano vulnera sus derechos al aprobar proyectos mineros y petroleros que provocan su desplazamiento forzoso sin haberles consultado previamente.
Con información de EFE
