En caso de que la suspendida presidenta Dilma Rousseff logre superar el juicio político que la espera en el Senado brasileño el mes próximo, su permanencia en el poder estaría amenazada por las nuevas revelaciones a la justicia de quien fuera su estratega de campaña, el publicista João Santana.
Preso desde febrero por su participación en el esquema de corrupción en Petrobras, Santana confesó al juez federal Sergio Moro que recibió en el exterior dinero no declarado del Partido de los Trabajadores (PT) como pago por sus servicios en la campaña de Dilma de 2010. Los 4,5 millones de dólares que el PT le adeudaba fueron depositados por el lobbista Zwi Skornicki, también detenido por su involucramiento en la red de sobornos en la petrolera estatal. Hasta ahora, Santana y su esposa y socia, Mónica Moura, habían afirmado que los fondos que tenían en cuentas suizas provenían de trabajos que habían realizado fuera de Brasil.
«Pensaba que eso podría perjudicar profundamente a la presidenta Dilma -admitió ahora el publicista al magistrado, según documentos del acuerdo de delación premiada que negocia con la justicia para reducir su pena-. Yo que ayudé de cierta manera para que fuera elegida, no podía ser la persona que destruiría a la presidenta. En esa época, ya se iniciaba el proceso de impeachment , pero no había nada abierto aún. Sabía que eso podría generar un grave problema».
Sus declaraciones fueron ratificadas por Moura, que señaló a Moro: «Para ser sincera, yo no quería incriminarla [a la mandataria]; pensaba que iba a empeorar la situación del país».
Dilma, apartada de su cargo desde el 12 de mayo mientras espera una votación final del Senado programada para fines de agosto, está acusada de haber manipulado las cuentas públicas para esconder el déficit y ganar la reelección en 2014. Hasta ahora ninguna prueba la había relacionado directamente con el escándalo de Petrobras. Pero según Santana y Moura, que diseñaron campañas electorales en Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Angola, Panamá y la Argentina (para José Manuel de la Sota y Eduardo Duhalde), fue el tesorero del PT, João Vaccari Neto -también bajo arresto- quien sugirió que la deuda que el partido tenía con el publicista fuera pagada con recursos desviados de las coimas de Petrobras.
«No autoricé el pago por «caja dos» a nadie. Si hubo un pago, no fue con mi conocimiento», afirmó Dilma ayer, en un intento por despegarse de la maniobra ilícita.
De comprobarse estas acusaciones, podrían tener un gran impacto en el proceso que por separado sigue el Tribunal Superior Electoral sobre financiamiento ilegal de la campaña de reelección en 2014. Y hasta el actual presidente en ejercicio, Michel Temer (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), podría resultar perjudicado, ya que como vicepresidente él era parte de las fórmulas de coalición PT-PMDB en 2010 y 2014. Si la justicia electoral halla pruebas de que ambas campañas recibieron dinero desviado de la red de sobornos de Petrobras, podría anular el mandato de ambos y convocar a nuevas elecciones.
Con Información de: La Nacion
