El personal de Petróleos de Venezuela recibió este viernes, de forma sorpresiva, amenazas proferidas a través de una videoconferencia por el actual presidente de la empresa petrolífera estatal, Manuel Quevedo; quien posee el rango de general mayor en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El también actual ministro de Petróleo emitió una orden contundente: denunciar cualquier disidente político que continue integrado en el cuerpo laboral de la industria petrolera del país.
Andrés Manuel / El Político
“En la visión de que Pdvsa es un cuartel y dentro de la práctica fascista más tradicionalista este mensaje institucionaliza la práctica de la delación e intolerancia entre compañeros de trabajo por razones políticas”, alertó Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).
El referido dirigente sindical advirtió en contra de la expulsión del capital humano cualificado – motivada en este caso por razones politizadas – que pertenece a Pdvsa debido a que perjudicará la capacidad operativa y la funcionalidad de su estructura empresarial. Sin esta mano de obra, la cual ha sido denominada de forma despectiva como “escuálida” por Quevedo, la industria petrolífera del país no podrá resurgir.
Freites rememoró el mortífero golpe que recibió el aparato monoproductor de la economía nacional como resultado de un oleaje de despidos masivos que dejaron en el desempleo a 20,000 trabajadores en 2003; a partir de esta fecha comenzó un declive en las operaciones petroleras.
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El representante de la Futvp también denunció los mecanismos de control implementados por la directiva de la empresa estatal con la finalidad de asegurar la participación de sus empleados en los comicios municipales; una de estas medidas fue quitarle el carnet de la patria a los trabajadores con la instrucción de que se les sería devuelto posterior al haber registrado su participación en algunos de los puntos rojos ubicados en las adyacencias de los centros electorales.
“Sin embargo, la rebeldía se impuso y muchos trabajadores no fueron a recoger el carnet, pese a la amenaza de aplicar sanciones”, sentenció Freites.
Según cifras divulgadas por el mismo Freites, como consecuencia de la persecución política y las malas condiciones laborales, en Pdvsa han renunciado 15.000 personas, mientras que en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) 9.000 profesionales y técnicos durante 2017.
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— El Político (@elpoliticonews) December 12, 2017
