En últimos meses han sido publicadas cuatro sentencias judiciales de gran interés no solo para los juristas especializados en los temas internacionales, sino también para los ciudadanos y gobiernos de los países envueltos en tales controversias.

Esas decisiones jurisdiccionales son de gran relevancia en virtud de los temas que tocan y del alto perfil mediático que han cobrado.

En el caso de Argentina, en uno de los juicios, se produce un embargo de su buque escuela, el “Libertad”, practicado en Ghana. Se trata de un juez nacional ghanés que aplica normas internacionales, que afectan a varios actores y países. Aquí el tema de la inmunidad para los buques de uso militar estaba en discusión. En el otro, un juez norteamericano de la Corte Federal de New York (Thomas Griesa) falla sobre el impago de una deuda pública y decide la orden de pagar y constituir un fondo de garantía de 1.330 millones de dólares en favor de los acreedores, llamados por los argentinos “fondos buitre”, que no entraron en la negociación de reestructuración de deuda (quitas) de los años 2005 y 2010 que realizó ese país. El fallo del juez Griesa ha sido suspendido por un tribunal superior en días recientes, pero el problema de fondo, el pago a los acreedores que no se acogieron a la reestructuración sigue en pie.

Ambas controversias fueron ocasionadas por obligaciones emitidas y no honradas por el gobierno de ese país.

En la campaña electoral pasada, Obama tuvo algunas referencias puntuales hacia LA.

Por su pensamiento de izquierda al estilo estadounidense, suponían los más esperanzados, que Obama miraría con mejores ojos a sus vecinos, a pesar de su desconocimiento de la región, y abriría una nueva era de diálogo y cooperación, todo en contraste con el gobierno Bush.

Hugo Chávez gana y sobre las razones del triunfo podemos formular varias hipótesis.  El asunto lo podemos abordar desde varios puntos de vista.

No obstante, uno puede aventurar alguna aproximación a los resultados electorales.

Una fuerza social y política impregnada de frescura y voluntad indoblegable se está abriendo paso hacia la nueva Venezuela que más temprano que tarde se instalará. Y no habrá poder que pueda impedirlo. Así lo vemos y sentimos a medida que pasan los días y nos acercamos a una fecha tan decisiva como la del 7-O.

Desde que por vez primera el gobierno autoritario y militar de Venezuela comenzó a atacar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y a la Corte, dijimos que lo hacía no sólo porque tales entes hayan investigado o condenado a nuestro país en unos cuantos casos, sino porque, principalmente, en el fondo de tal conducta subyacía -subyace- una concepción ideológica que rechaza, por principio, las atribuciones supraestatales conferidas a tales organismos.

Incontables son las veces que en Venezuela nos hemos referido al abandono criminal generalizado en que nos ha hundido un gobierno durante 14 años, y hoy los hechos lamentables de la refinería de Amuay (península de Paraguaná) es una muestra patente de eso.

En estos tiempos en que se han puesto en cuestión, y con razón, los paradigmas de lo que fue la visión integracionista de nuestro continente, y en  que perspectivas políticas anacrónicas pretenden retrocedernos a ciclos históricos dejados en el pasado, resulta oportuno comentar antecedentes que marcaron hitos importantes en la interdependencia hemisférica.

A menos que se tenga la profunda convicción de que los presos no tienen derecho alguno a ser tratados con humanidad, no se explica la reacción del gobierno venezolano contra la reciente decisión de la Corte Interamericana de los DDHH sobre el caso de Raúl Díaz. El gobierno ha señalado como razón para anunciar el retiro de Venezuela del organismo jurisdiccional hemisférico, tal sentencia condenatoria, pues ella significaría que el gobierno norteamericano, ¿…?, una vez más, apoya a terroristas y agrede al gobierno chavista.

Los presidentes de Mercosur solidarios con su amigo Fernando Lugo decidieron suspender a Paraguay de ese bloque comercial, violentando su ordenamiento jurídico y “comprando” un problema que traerá en el futuro consecuencias letales para un proyecto que ya viene cojitranco desde hace algunos años.

De una vez hay que decirlo y de forma enfática, el que entró a Mercosur fue el gobierno de Chávez, no Venezuela, aunque es ésta última la que sufrirá las consecuencias. La diferenciación es importante hacerla, a pesar de que jurídicamente no sea válida la expresión.