En los últimos tres años y medio, de 47 casos en los que la Procuraduría de la Ética de Costa Rica encontró posibles faltas en la actuación de funcionarios públicos, solo siete terminaron con alguna sanción. El más reciente de esos casos lo protagonizaron el vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Educación, Leonardo Garnier, a quienes la Procuraduría les achacó faltas éticas por haber emitido cartas de recomendación para que la consultora y exasesora presidencial Florisabel Rodríguez las utilizara para concursar por un contrato. La presidenta de la República, Laura Chinchilla, se opuso al informe de los procuradores y, tras un análisis legal, absolvió a ambos funcionarios el 7 de julio.
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